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Alarmante cifra de desplazados y confinados por violencia en Colombia

Alarmante cifra de desplazados y confinados por violencia en Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha presentado un preocupante informe que revela la grave situación humanitaria que vive el país a causa de la violencia. Según el documento, más de 211.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022.

De acuerdo al boletín, 101.474 personas se han visto obligadas a desplazarse de manera forzada en diferentes regiones del territorio colombiano durante ese periodo. Adicionalmente, otras 110.375 han tenido que confinarse en sus hogares debido al recrudecimiento del conflicto armado.

Estas cifras ponen de manifiesto el alto costo humano que sigue cobrando la violencia en Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por lograr la paz. Los desplazamientos forzados y los confinamientos son consecuencias devastadoras de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques contra la población civil.

"Estamos ante una situación humanitaria que no puede seguir ignorándose. Estos datos reflejan el sufrimiento de miles de colombianos que se ven obligados a huir de sus hogares o a permanecer encerrados por culpa de la violencia", señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El informe detalla que los departamentos más afectados por estos hechos son Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó y Norte de Santander, regiones históricamente azotadas por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales. Muchas de estas zonas se caracterizan por altos niveles de pobreza y escasa presencia estatal, lo que agrava aún más la situación de las víctimas.

Organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno colombiano redoblar sus esfuerzos para proteger a la población civil y atender de manera urgente a las víctimas de desplazamiento y confinamiento. Asimismo, han pedido que se investiguen y sancionen a los responsables de estos crímenes.

"No podemos normalizar esta tragedia humanitaria. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y los derechos de todos los colombianos, sin distinción. Urgen soluciones integrales que aborden las causas de fondo de este conflicto", concluyó el Defensor del Pueblo.

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