El gobierno de Trinidad y Tobago ha endurecido su postura de seguridad nacional tras la difusión en redes sociales y medios internacionales de imágenes captadas por drones que muestran detalles del radar estadounidense instalado recientemente en Tobago.
El ministro de Defensa, Wayne Sturge, calificó estos actos como "perjudiciales" para los intereses del Estado y una violación directa a las zonas de exclusión aérea de cinco kilómetros que protegen los aeropuertos del país. Según el comunicado oficial, los operadores de estos drones no solo comprometen la seguridad militar, sino que representan un "peligro real de colisión" para la aviación comercial.
El Ministerio advirtió que utilizará todas las herramientas legales disponibles, incluyendo las facultades otorgadas por el actual Estado de Excepción (o Estado de Emergencia), para identificar y procesar a los responsables de estas incursiones aéreas no autorizadas.
La instalación de este radar cerca de la costa venezolana ha generado un clima de alta tensión geopolítica en la región. Mientras que la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, defiende la cooperación con Washington como el "mejor mecanismo de defensa" contra el narcotráfico, desde Venezuela, el ministro Diosdado Cabello ha advertido sobre las consecuencias de permitir que potencias extranjeras utilicen territorio caribeño para monitorear al país vecino.
Se trata de un radar AN/TPS-80 G/ATOR, capaz de detectar misiles, drones y aeronaves a larga distancia con alta precisión. Aunque el gobierno trinitense afirma que es para combatir el tráfico de armas y drogas, expertos señalan que su ubicación estratégica a solo kilómetros de Venezuela permite una vigilancia total del espacio aéreo regional.
Las autoridades de Trinidad y Tobago están rastreando la procedencia de los equipos de control y las señales de los drones para determinar si se trata de aficionados locales o de operaciones de inteligencia externa. El endurecimiento de la seguridad y las advertencias sobre el uso de drones reflejan la creciente preocupación del gobierno por la soberanía y la integridad de su espacio aéreo en medio de la tensión geopolítica en la región.
