Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en México operan agencias de seguridad extranjeras de al menos 14 países, incluidos Estados Unidos, Rusia, Alemania y China, entre otros. Estos agentes trabajan con el control y conocimiento de la Cancillería y otras dependencias de seguridad mexicanas.
La información sobre el número exacto de agentes extranjeros acreditados en territorio nacional y los países a los que pertenecen está clasificada como reservada por cinco años, pues, según la SRE, su divulgación "podría poner en riesgo la operación de los agentes y las buenas relaciones diplomáticas" que se mantienen con sus países.
Sin embargo, la Cancillería sí reconoció que Alemania, Australia, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, El Salvador, Francia, Israel, Italia, Perú, República Dominicana, China y Estados Unidos cuentan con elementos de diversas agencias acreditados en México. En el caso de Estados Unidos, se tienen agentes de 13 dependencias gubernamentales, incluyendo la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.
Según la internacionalista Pía Taracena, la diferencia entre agentes y espías depende más de la tecnología que utilizan y si colaboran con el gobierno mexicano en el intercambio de información, que de la legalidad con la que operen. Mientras que los agentes acreditados son burócratas que recaban información oficial, los espías se infiltran para obtener datos de manera encubierta.
El gobierno mexicano no reconoce la presencia de agentes rusos en el país, pero fuentes del gobierno de Estados Unidos aseguraron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió en repetidas ocasiones listas con nombres de presuntos espías rusos que operaban en México.
La Ley de Seguridad Nacional establece que todos los agentes extranjeros que requieran entrar a territorio nacional para recabar información deben darse de alta ante la SRE, que debe aprobar su ingreso en consenso con otras dependencias de seguridad. Sin embargo, también existe la posibilidad de que haya espías que actúen sin el conocimiento del gobierno mexicano.
