El Gobierno de Venezuela ha confirmado la excarcelación de casi un centenar de personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, acusadas de participar en "hechos de violencia e incitación al odio" después de los comicios que dieron la victoria a Nicolás Maduro.
Según el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Gobierno y el Sistema de Justicia han decidido "evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares", lo que ha permitido la liberación de 99 ciudadanos. Esta medida, afirman, forma parte de las gestiones "permanentes" del mandatario venezolano de cara a "garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos".
El organismo ha recordado que estas personas se encontraban privadas de libertad "por su participación en los hechos de violencia e incitación al odio, posteriores a la jornada electoral del pasado 28 de julio de 2024", y ha subrayado que la decisión afecta "incluso" a quienes "siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica".
Asimismo, ha destacado que esta medida llega en un contexto "marcado por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra el país", en alusión a las crecientes tensiones con la Administración de Donald Trump, incluyendo los ataques a supuestas narcolanchas, su anunciada pretensión de intervenir en territorio venezolano y la interceptación de petroleros sancionados que entren y salgan de las costas de Venezuela.
Caracas ha salido al paso de los anuncios de varias ONG venezolanas, que apuntaban a la excarcelación de entre 60 y 75 ciudadanos. Según Foro Penal, actualmente 902 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela y 62 se encuentran en condición de desaparición forzada.
La decisión del Gobierno de Maduro de liberar a casi un centenar de detenidos por las protestas post-electorales de 2024 se produce en un momento de creciente tensión con la comunidad internacional, que ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos y la falta de garantías democráticas en el país. Sin embargo, el Ejecutivo venezolano insiste en que esta medida forma parte de su "compromiso con la paz, el diálogo y la justicia".
