El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que el Gobierno ingresará al Congreso una nueva norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios públicos a contrata. La medida, que ha sido criticada por la oposición como una maniobra de "amarre" de cara a la próxima administración, busca "evitar arbitrariedades" en los procesos de despido, según argumentó el ministro.
La nueva ley, que forma parte de un proyecto misceláneo de reajuste al sector público, dispone que en caso de despido de funcionarios a contrata, el acto deberá estar debidamente fundamentado. Además, establece que, de no cumplirse con este requisito, los afectados podrán solicitar la revisión del despido ante la Contraloría General de la República, en lugar de acudir a los tribunales como ocurre actualmente.
Grau defendió la iniciativa señalando que la distinción clave está en que la revisión pasa de los juzgados al ente contralor, liderado por la contralora Dorothy Pérez. El ministro argumentó que esto busca "evitar arbitrariedades" en los procesos de despido, ya que actualmente "muchas de las personas que han comentado esto no necesariamente entienden cómo funciona en la actualidad y qué es lo distinto que se está haciendo".
La oposición, por su parte, ha criticado la medida como un intento del Gobierno de "amarrar" la próxima administración, al dificultar los despidos de funcionarios públicos a contrata, quienes suelen ser vistos como leales al oficialismo.
Sin embargo, Grau aseguró que este fue uno de los puntos de mayor relevancia en la negociación con la Mesa del Sector Público, y recordó que hace un año se discutió una moción parlamentaria que ponía mayores exigencias al respecto, la cual contó con votos de Chile Vamos en la Comisión de Trabajo.
"Creo que cuando presentemos la propuesta vamos a tener un debate en el Parlamento y, yo creo, va a haber condiciones para eventualmente general un acuerdo", sentenció el ministro, expresando su confianza en lograr un consenso con la oposición en torno a esta iniciativa.
