La Fiscalía emitió dos requerimientos de cooperación internacional a través de la Cancillería para citar y tomar la declaración de Sandra Bathania Otazú, representante legal de la empresa Botrading S.A., que está siendo investigada por un presunto daño económico de hasta $us 857 millones en contratos suscritos con YPFB Corporación.
Según informó el fiscal Omar Yujra, en octubre de 2022 el Ministerio Público solicitó la cooperación de Paraguay para notificar a Otazú, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta formal sobre si se ejecutó dicha solicitud. Ante esta demora, los fiscales a cargo del caso han determinado realizar una nueva solicitud de cooperación internacional.
Botrading S.A. es una empresa creada inicialmente con otra razón social durante el gobierno de Evo Morales, pero que no tuvo operaciones activas hasta la gestión de Luis Arce, cuando se modificó su nombre, se dispuso su instalación en Paraguay y se le otorgó capital prestado por YPFB Corporación, designando a Otazú como representante legal.
La exdiputada tarijeña Luciana Campero señaló que Botrading es una empresa "de papel" que operaba desde oficinas reducidas en Paraguay con solo tres abogados asociados, una estructura que resulta sospechosa para una compañía que realizó transacciones por hasta $us 857 millones con YPFB.
Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa inició una investigación que derivó en la elaboración de dos informes remitidos a la Contraloría General del Estado, en los que se identificaron al menos nueve irregularidades en 12 contratos firmados entre YPFB y la empresa paraguaya.
El fiscal Yujra aclaró que el informe legislativo hace referencia a un daño económico de $us 355 millones, pero que en el curso de la investigación fiscal se verificaron transacciones que alcanzan los $us 857 millones. Será la Contraloría o una auditoría forense del IDIF la que determine la existencia de irregularidades y la cuantificación final del daño económico.
Para Campero, la operación de Botrading en Paraguay tenía como objetivo evadir los mecanismos de fiscalización bolivianos. Sin embargo, precisó que el entramado jurídico de la empresa constituye un elemento secundario en la investigación, que actualmente se concentra en las irregularidades detectadas en los 12 contratos.
El 5 de diciembre, la Fiscalía emitió una imputación formal contra seis personas, entre ellas el expresidente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, entre otros. Sin embargo, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción aún no ha fijado fecha ni hora para la audiencia cautelar de los imputados.
