Caracas, Venezuela - La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha exigido la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Venezuela, que cifran en 1.085, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro excarcelara a entre 63 y 75 personas detenidas durante la crisis poselectoral de 2024.
Según JEP, si bien celebran estas excarcelaciones, consideran que se trata de una "liberación parcial" que no corrige la "ilegalidad de fondo" de las detenciones, ya que aún hay alrededor de mil personas privadas de libertad "de manera injustificada".
"El carácter selectivo y discrecional de estas excarcelaciones confirma que la privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política", afirmó la organización, que advirtió sobre la "ausencia de garantías judiciales efectivas" y el "carácter arbitrario de estas detenciones".
La crisis en Venezuela se desató después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Maduro fue reelegido, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.
En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas, la mayoría de ellas posteriormente excarceladas, y acusadas de "terroristas" por la Fiscalía, aunque organizaciones como JEP y Foro Penal las defienden como inocentes y presos políticos.
Según Foro Penal, Venezuela cuenta con 902 presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones. Sin embargo, el gobierno de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por "terribles hechos punibles".
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo un llamado especial a la liberación de mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades graves, advirtiendo que su "permanencia en reclusión representa un riesgo elevado para su vida y su integridad personal".
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, calificó las excarcelaciones como un "alivio colectivo", pero lamentó que la información sea "opaca" y que no se liberaran a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.
