Los intendentes de la provincia de Buenos Aires advierten que la política fiscal del Gobierno nacional está achicando la coparticipación y obligando a la Provincia a girar fondos cada vez más condicionados, lo que los deja con menos margen financiero para afrontar los gastos locales.
Según un relevamiento de la consultora PPA, si bien en octubre la Provincia giró $428.419 millones a los gobiernos locales, un 28,3% más que un año atrás, la inflación del 31,3% volvió a licuar los recursos reales, generando una caída del 2,32% en términos concretos.
El problema, señalan los jefes comunales, no es solo la cantidad de dinero que llega, sino las condiciones bajo las cuales se transfiere. Del total transferido en octubre, el 76,3% correspondió a coparticipación, pero una porción creciente quedó atada a destinos específicos, como el Fondo de Financiamiento Educativo (9,8%) o el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales (4,4%). Esto reduce la masa de recursos de libre disponibilidad para los municipios.
La disputa se profundiza al mirar el acumulado del año. Entre enero y octubre de 2025, las transferencias alcanzaron los $3,78 billones, pero medidas a precios constantes muestran una trayectoria descendente: $4,37 billones en 2023, $4,16 billones en 2024 y $4,13 billones en 2025. Esto implica que los municipios cuentan hoy con $28.555 millones menos que el año pasado, una caída que los jefes comunales atribuyen directamente al esquema de ajuste y recentralización fiscal impulsado desde el Gobierno nacional.
La coparticipación bruta, el principal recurso de libre uso para los municipios, ya es 6,8% menor que en 2023, mientras que los fondos con afectación específica crecieron con fuerza. El Fondo de Financiamiento Educativo, por ejemplo, aumentó un 57,5% interanual, pero no puede destinarse a gastos generales. Además, en 2025 no se implementó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, que en 2024 había aportado $135.549 millones sin condicionamientos.
Para los intendentes, el mensaje es claro: "Nación ajusta, la Provincia administra la escasez y los municipios absorben el costo político". El impacto no es homogéneo, ya que mientras 77 distritos lograron mejoras reales, otros 30 sufrieron caídas superiores al 3%.
Frente a este escenario, varios municipios comenzaron a trasladar la tensión fiscal al plano local, avanzando con nuevas tasas, en especial sobre los combustibles. Tapalqué, Coronel Suárez y Ramallo aplicaron alícuotas de entre 2% y 2,5%, una decisión que busca compensar la pérdida de recursos, pero que abre un nuevo frente de conflicto político y social en medio del ajuste.
