El fuego se ha convertido en un problema apremiante en Argentina, demandando respuestas claras y efectivas del Estado. Expertos señalan que la actual ley de manejo del fuego, sancionada en 2020, presenta graves deficiencias que la hacen profundamente ineficaz para abordar esta crisis ambiental.
La ley actual parte de una presunción infundada de que detrás de cada incendio hay maniobras de especulación inmobiliaria, imponiendo sanciones automáticas sobre vastos territorios y actores sin distinción de causas, responsabilidades o contextos. Esto afecta gravemente los derechos de propiedad y trabajo, sin instancias técnicas de revisión, y genera incentivos perversos que desalientan la inversión en prevención y manejo responsable del territorio.
Expertos señalan que la ley debe ser reformada urgentemente, priorizando la prevención, la planificación y una presencia estatal inteligente con clara asignación de responsabilidades. Además, resaltan la necesidad de una investigación criminal efectiva que imponga sanciones individualizadas y brinde los incentivos correctos, en lugar de convertir al ambiente en un "campo de castigo simbólico".
La Argentina no es ecológicamente homogénea, por lo que el fuego cumple roles distintos en diversos sistemas. Una ley uniforme que no distinga entre pastizales, bosques, humedales y otras regiones productivas resulta inadecuada e ineficaz. Asimismo, la superposición y fragmentación de jurisdicciones entre nación, provincias y municipios entorpece la respuesta rápida que los incendios exigen.
Ante el aumento de los riesgos de incendios forestales por la menor disponibilidad de agua y las condiciones de sequía en la Patagonia, los expertos coinciden en que es urgente contar con una normativa inteligente que priorice la prevención, la planificación y una coordinación efectiva entre los diferentes niveles del Estado. De lo contrario, advirtieron, se corre el riesgo de convertir al ambiente en un "campo de castigo simbólico".
