El Decreto Supremo 5503, promulgado el pasado 17 de diciembre, representa la decisión política de transformación estructural más importante asumida hasta ahora por el gobierno de Rodrigo Paz. Esta extensa norma de 120 artículos y nueve títulos reconoce el agotamiento del modelo económico vigente en los últimos 20 años y propone un giro hacia una economía de mercado, sustentada en la estabilidad macroeconómica, la inversión privada, la seguridad jurídica y una redefinición del rol del Estado.
Además de declarar Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, el decreto reafirma la persistencia de una crisis estructural, transversal y en expansión, que pone en riesgo el futuro del país. Entre sus medidas más relevantes se encuentra el establecimiento de un Régimen de Protección y Promoción de Inversiones, que garantiza estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años, define un trato no discriminatorio y previsibilidad normativa para la inversión nacional y extranjera, e incorpora incentivos para la repatriación de capitales.
Asimismo, el decreto impulsa la desregulación productiva, crea incentivos tributarios y plantea medidas concretas para la desburocratización, el estímulo al consumo de producción nacional y el saneamiento extraordinario de cartera tributaria. Para enfrentar el déficit fiscal, elimina la subvención a los carburantes y otorga al Banco Central facultades especiales para recomponer la balanza de pagos, acceder a financiamiento externo, realizar swaps de divisas y emitir instrumentos financieros.
En el ámbito social, el decreto mantiene la política de bonos condicionados, incrementa el salario mínimo en 20%, establece la libre negociación para el haber mensual, congela los sueldos en el sector público (con algunas excepciones) y establece un saneamiento de cartera tributaria, con prescripción automática de deudas antiguas y prohibición de nuevas fiscalizaciones sobre obligaciones extinguidas.
Si bien el debate público y político se ha concentrado en el tema de los combustibles, con movilizaciones y amenazas de extensión en todo el país, el gobierno confía en que la mayoría de la población acepta las medidas. Sin embargo, los sectores radicales van a apostar por el enfrentamiento, y el gobierno no parece contar con una estrategia de gestión de conflictos ni con las capacidades para imponer el orden.
Resulta prematuro adelantar juicios sobre los efectos de las medidas, pero es evidente que en sí mismo no es una solución estructural, sino una herramienta de emergencia orientada a estabilizar las finanzas públicas, legitimar un proceso de ajuste económico y dar una señal clara a los organismos internacionales de crédito, la comunidad internacional y la opinión pública.
Su implementación enfrentará obstáculos desde el inicio, como la posible polarización política, la tensión con la Asamblea Legislativa y la posible judicialización del decreto. Para que alcance sus objetivos, el gobierno deberá evitar que la emergencia se convierta en normalidad, consolidar las reglas de estabilidad e inversión en leyes permanentes y lograr un equilibrio sostenible entre el ajuste económico y la estabilidad social.
