El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la privatización de su participación en Transener, la principal compañía encargada del transporte eléctrico de alta tensión en el país.
El Estado posee el 26,32% de Transener de manera indirecta, a través de la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), que a su vez es dueña del 50% de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad controlante de la transportista, junto con Pampa Energía.
La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial autoriza el llamado a un Concurso Público Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para la venta de las acciones de Citelec S.A. que son propiedad de Enarsa. El precio base surge de una tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Esta privatización ya había sido anunciada por LA NACION en julio pasado, cuando se informó que luego de oficializar la venta de AySA y del Belgrano Cargas, el próximo objetivo del Gobierno estaba vinculado al sector energético.
Citelec tiene el 52,64% de las acciones clase A de Transener. El resto de la participación accionaria se reparte entre la Anses (19,57%) y el capital que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%). El valor actual de la empresa en el mercado ronda los US$600 millones, por lo que el Estado podría vender su participación por algo más de US$150 millones.
Transener tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV. Opera el 85% de la red y supervisa el 15% restante. Sin embargo, la demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024, mientras que el sistema de transporte se expandió apenas un 54%, lo que ha generado una fuerte saturación y mayores costos de mantenimiento.
El congelamiento de tarifas y los mecanismos de ajuste discrecional aplicados en las últimas décadas han tenido un impacto negativo en el sistema eléctrico, que se encuentra en emergencia económica desde 2002, con excepción del período 2017-2019. La concesión de Transener comenzó en 1993 y en 20 de los últimos 33 años el sector convivió con situaciones de emergencia económica, lo que derivó en una fuerte restricción de inversiones y en una baja rentabilidad.
