Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para confiscar el petróleo venezolano, alegando que los recursos pertenecen al gobierno interino de Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como el legítimo presidente de Venezuela. Sin embargo, esta acción enfrenta cuestionamientos en el derecho internacional debido a los vacíos legales que presenta.
La confiscación del petróleo venezolano se enmarca en la campaña de presión económica que Washington ha ejercido sobre el gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de forzar su salida del poder. Desde 2017, Estados Unidos ha impuesto sanciones a la industria petrolera venezolana, principal fuente de ingresos del país, y ha bloqueado el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales.
En 2019, el gobierno de Donald Trump dio un paso más al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, desconociendo la legitimidad de Maduro. Esto permitió a Guaidó reclamar el control de los activos venezolanos en el exterior, incluyendo cuentas bancarias y empresas estatales.
Uno de los activos más codiciados por Guaidó y Washington es CITGO, la filial estadounidense de la estatal PDVSA. En 2019, el gobierno interino logró que un tribunal de Estados Unidos le otorgara el control de CITGO, valuada en unos 7.000 millones de dólares.
Más recientemente, en 2020, el Departamento del Tesoro de EE.UU. confiscó un cargamento de petróleo venezolano que se encontraba a bordo de un buque que se dirigía a una refinería en México. La justificación fue que el crudo pertenecía a PDVSA y, por lo tanto, a Guaidó.
Sin embargo, estos movimientos enfrentan cuestionamientos en el derecho internacional. Según expertos, la confiscación de activos y recursos de un país soberano sin un proceso judicial claro y transparente podría constituir una violación del derecho internacional.
"Hay dudas sobre si estas acciones se ajustan plenamente a las normas del derecho internacional", afirma Geoff Ramsey, director para Venezuela del think tank Washington Office on Latin America (WOLA). "El gobierno de Estados Unidos ha armado un respaldo jurídico, pero existen cuestionamientos sobre la solidez de ese marco legal".
Uno de los principales problemas es que Washington no ha logrado demostrar de manera contundente que Guaidó es el legítimo presidente de Venezuela. Si bien lo reconoce como tal, la comunidad internacional sigue reconociendo a Maduro como el mandatario legítimo.
Además, los expertos señalan que la confiscación de recursos naturales de un país, como el petróleo venezolano, podría considerarse un acto de "robo de recursos" y una violación de la soberanía nacional.
"Hay un debate jurídico sobre si Estados Unidos puede apropiarse de los recursos de un país soberano, incluso si es con el objetivo de apoyar a un gobierno interino", afirma Ramsey.
En este contexto, la confiscación del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos enfrenta cuestionamientos y abre un debate sobre los límites del derecho internacional y la soberanía de los Estados.
