Una investigación del periódico británico The Guardian reveló que una firma registrada en Reino Unido por personas sancionadas por Estados Unidos contrató a mercenarios provenientes de Colombia, para que apoyaran a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán, un grupo paramilitar acusado de violaciones masivas, masacres étnicas y el asesinato sistemático de mujeres y niños.
Según los registros del gobierno británico, un apartamento ubicado en el norte de Londres, en el sector de Tottenham, estaba vinculado a una red transnacional de empresas involucradas en el reclutamiento masivo de mercenarios. Los sujetos son enviados a combatir en Sudán junto a los paramilitares de las RSF, acusados de crímenes de guerra y genocidio.
La investigación revela que cientos de exmilitares colombianos se han alistado para pelear en el país africano con las RSF. Incluso, algunos de ellos participaron directamente en la toma de la ciudad de El Fasher, en el suroeste de Sudán, por parte de estos paramilitares a finales de octubre.
La firma británica detrás de este esquema se llama Zeuz Global y fue fundada por dos personas de nacionalidad colombiana que han sido identificadas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de diciembre, por su papel en el reclutamiento de los mercenarios.
Según el reporte, después de que Estados Unidos anunciara las sanciones, Zeuz Global trasladó sus operaciones a una nueva ubicación en el centro de Londres, pero su nuevo código postal y dirección llevaron a dos hoteles que negaron tener vínculos con la empresa.
El investigador y exmiembro del panel de expertos de la ONU sobre Sudán, Mike Lewis, expresó su preocupación por el hecho de que "las personas clave, que según el gobierno estadounidense dirigen este suministro de mercenarios, hayan podido establecer una empresa en el Reino Unido que opera desde un apartamento en el norte de Londres, e incluso afirmar que residen en Reino Unido".
Por su parte, un portavoz del gobierno británico enfatizó que "Reino Unido exige el fin inmediato de las atrocidades, la protección de los civiles y la eliminación de las barreras al acceso humanitario para todas las partes en el conflicto", y que recientemente sancionaron a los comandantes de las RSF por su papel en las atrocidades de El Fasher.
Un informe de Amnistía Internacional publicado a finales de noviembre reúne una serie de testimonios de sobrevivientes de El Fasher, quienes denunciaron homicidios deliberados y violencia sexual a manos de las RSF. La secretaria general de Amnistía, Agn s Callamard, alertó que "esta violencia persistente y generalizada contra la población civil (en Sudán) constituye crímenes de guerra y podría también constituir otros crímenes de derecho internacional".
