El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un incremento significativo en el llamado "bono de salida" para migrantes, elevándolo ahora a $3.000 dólares, además de pagar los boletos de avión hacia sus países de origen. Esta medida, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estará vigente hasta el 31 de diciembre.
Según la secretaria del DHS, Kristi Noem, el beneficio incluye tanto a personas sin detención como a quienes permanecen bajo custodia sin cargos penales. En declaraciones a medios estadounidenses, Noem aseguró que el objetivo es "facilitar" la salida de quienes se encuentran en situación irregular, calificándolo como una oportunidad "voluntaria" de retorno.
Este anuncio se suma a la política aplicada desde mayo, cuando Washington ofrecía mil dólares y pasajes de regreso a quienes aceptaran abandonar el país. Con el nuevo esquema, la administración busca acelerar un proceso que ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de migrantes, al considerar que se trata de un mecanismo de presión disfrazado de incentivo.
El DHS informó que desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 1,9 millones de personas han optado por la deportación "voluntaria", decenas de miles mediante la aplicación CBP Home. Esta cifra refleja la magnitud de una campaña que el propio mandatario prometió convertir en la más amplia en la historia de Estados Unidos.
Las redadas y detenciones masivas contra migrantes han generado críticas dentro y fuera del país. Diversos sectores señalan que Washington utiliza recursos públicos para profundizar políticas de exclusión, mientras presenta como "beneficio" lo que en realidad constituye una estrategia de expulsión sistemática.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que, si bien se presenta como "voluntaria", en realidad ejerce una fuerte presión sobre las personas en situación irregular para que abandonen el país. Cuestionan que el Gobierno utilice fondos públicos para financiar la salida de estos migrantes, en lugar de invertir en programas de integración y asistencia.
El anuncio del aumento del "bono de salida" se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, con un énfasis en la deportación y el control fronterizo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas medidas tienen un impacto desproporcionado en comunidades vulnerables, separando familias y generando un clima de incertidumbre y miedo entre los migrantes.
Expertos en temas migratorios señalan que, si bien el Gobierno presenta esta iniciativa como una solución humanitaria, en realidad responde a una agenda política más amplia de reducción de la población migrante en el país. Advierten que, en lugar de ofrecer soluciones integrales y sostenibles, el Ejecutivo opta por medidas a corto plazo que no abordan las causas estructurales de la migración.
