En un fallo histórico, un tribunal de Guayaquil, Ecuador, condenó a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de entre 11 y 15 años. El crimen, que conmocionó al país, se convirtió en un símbolo de los abusos cometidos por agentes del Estado en operativos de seguridad interna.
Los hechos ocurrieron la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los niños Nehemías, Steven, Josué e Ismael, residentes del barrio Las Malvinas en Guayaquil, salieron a jugar fútbol y luego a comprar pan. Según quedó probado en el juicio, fueron detenidos de manera irregular por una patrulla militar, sin que existiera evidencia de delito alguno. Días después, sus cuerpos fueron hallados calcinados en la zona de Taura, cerca de una base militar, con impactos de bala y signos de tortura.
El tribunal sentenció a 11 militares a 34 años y 8 meses de prisión como autores del delito de desaparición forzada con resultado de muerte. Otros cinco soldados recibieron condenas de 30 meses, tras acogerse a la figura de cooperación eficaz y admitir su participación.
El juez ponente Jovanny Suárez señaló que la Fiscalía logró demostrar que los menores fueron sometidos a tratos crueles, humillantes y violentos, y que la patrulla tuvo dominio total sobre sus vidas, incumpliendo el deber de protegerlos. Durante el juicio se evidenció, además, un pacto de silencio entre varios de los procesados y un claro abuso del poder estatal.
Los testimonios de los militares cooperadores resultaron determinantes, relatando cómo los niños fueron golpeados, insultados y amenazados, incluso con armas de fuego. Un video entregado por uno de los soldados mostró a un uniformado diciéndole a uno de los menores: "Agradece que no te metí un tiro". La autopsia confirmó impactos de bala en al menos tres de las víctimas.
Además de las penas de prisión, el tribunal impuso a los condenados una multa conjunta de 376.000 dólares, una indemnización de 10.000 dólares para cada familia, la obligación de ofrecer disculpas públicas y la publicación de un extracto de la sentencia en un medio de circulación nacional.
Tras conocerse el fallo, familiares, vecinos y colectivos sociales celebraron la sentencia, tras más de un año de dolor y lucha constante. El caso Las Malvinas generó una ola de indignación nacional e internacional y reavivó las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre los crecientes abusos de las Fuerzas Armadas, desplegadas en las calles desde 2024 como parte de la política de mano dura contra el narcotráfico.
La sentencia es considerada un precedente histórico en Ecuador y vuelve a poner en el centro del debate el rol de los militares en tareas de seguridad interna y la urgente necesidad de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Expertos y defensores de derechos humanos señalan que este caso demuestra los riesgos de militarizar la seguridad pública y la necesidad de reformas estructurales, mecanismos de supervisión independientes y garantías reales de no repetición.
