El anuncio del régimen de Nicolás Maduro sobre la salida de un tanquero con crudo operado por Chevron volvió a poner el foco en una de las mayores paradojas del tablero geopolítico: cómo la única petrolera estadounidense con licencia vigente sigue extrayendo y exportando petróleo venezolano con aval del propio Donald Trump.
La operación responde a una excepción cuidadosamente diseñada por Washington que permite a Chevron operar de forma limitada en el país sancionado sin levantar el cerco financiero sobre el régimen chavista, sin darle divisas de manera directa.
Desde noviembre del 2022, durante el gobierno del demócrata Joe Biden, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro autorizó a Chevron a mantener y reactivar operaciones limitadas en Venezuela, pese a que PDVSA y el Estado venezolano seguían plenamente sancionados.
A finales de enero de este año, Trump anunció que revocará la licencia que "el corrupto Joe Biden concedió a Nicolás Maduro" para que Chevron opere en Venezuela. Sin embargo, el pasado mes de julio Trump autorizó a Chevron a continuar con sus operaciones en el país sudamericano, aunque de una manera más limitada.
Las nuevas restricciones específicas impuestas a Chevron por Trump están diseñadas para impedir que el gobierno de Maduro reciba ingresos directos de los barriles de crudo que negocia la compañía estadounidense. La Casa Blanca y el Departamento de Estado explicaron que la licencia se ajusta a objetivos de política exterior: presionar al régimen de Maduro, favorecer a la oposición que EE.UU. reconoce, y evitar que recursos petroleros beneficien directamente al gobierno venezolano.
Según el experto Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice, la clave está en el diseño de la nueva autorización otorgada por Washington, muy distinta a la que estuvo vigente durante la administración de Joe Biden. Monaldi señala que, si bien a Estados Unidos le resulta atractivo que el crudo pesado venezolano alimente las refinerías de la costa del Golfo de Texas, el factor determinante es que la licencia actual no genera ingresos directos para el gobierno de Nicolás Maduro.
A diferencia del esquema anterior, en el que Chevron transfería la mitad de los ingresos de las exportaciones a las empresas mixtas y estas pagaban impuestos y regalías al Estado venezolano, la licencia vigente establece un mecanismo distinto: el 50% del petróleo que corresponde a Chevron se exporta a Estados Unidos, mientras que el otro 50% se entrega a PDVSA. Para monetizar esa parte, la estatal venezolana debe colocar el crudo en China o en el mercado negro, hoy fuertemente presionado por Washington.
"En la práctica, la licencia actual no beneficia al Gobierno Venezolano si no puede exportar ese petróleo a China", explica Monaldi. Por ello, sostiene que Estados Unidos no gana nada cancelando la licencia de Chevron en este momento, ya que el verdadero punto de presión está en bloquear las vías ilegales de exportación.
Más allá de las sanciones, Monaldi destaca que Chevron sigue siendo un actor central en la economía venezolana. Es el mayor inversionista extranjero del país, produce alrededor del 25% del petróleo nacional y ha explicado más del 80% del incremento de la producción registrado en 2023 y 2024, gracias a sus inversiones en empresas mixtas. Sin Chevron, concluye, el sector petrolero venezolano estaría hoy en una situación aún más crítica.
