La administración del expresidente Donald Trump ha intensificado una campaña militar contra el narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe, dejando al menos 105 personas muertas en ataques a presuntas embarcaciones de tráfico de drogas.
Bajo la dirección del entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un "ataque cinético letal" el 22 de diciembre contra una "embarcación de bajo perfil operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales", según informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).
Estos ataques se enmarcan en la Operación Lanza del Sur, una campaña que la administración Trump asegura que está dirigida contra el comercio ilegal de drogas. Sin embargo, legisladores y activistas de derechos humanos han cuestionado las acusaciones de tráfico de drogas y han calificado estos ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales.
La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, declaró recientemente a la revista Vanity Fair que el expresidente "quiere seguir hundiendo barcos hasta que Maduro se rinda". Esta afirmación sugiere que los ataques podrían tener un objetivo político más amplio, más allá de la lucha contra el narcotráfico.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe, descrito como el mayor en décadas en esa región, ha generado preocupación por parte de Venezuela, que advierte que Estados Unidos busca el "cambio de régimen" y el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
Además, Trump firmó una orden ejecutiva el 15 de diciembre que declara al fentanilo y sus precursores químicos como "armas de destrucción masiva". Esta medida podría allanar el camino para una posible intervención militar en Venezuela, país al que Washington responsabiliza del envío ilegal de drogas.
Los ataques a las embarcaciones en aguas internacionales han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes exigen explicaciones y pruebas sobre las acusaciones de tráfico de drogas. Estos grupos consideran que tales asaltos podrían ser catalogados como ejecuciones extrajudiciales.
La campaña militar de la administración Trump en el Caribe y el Pacífico ha generado una gran controversia y ha puesto en duda los verdaderos motivos detrás de estas acciones. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una lucha contra el narcotráfico, las declaraciones de la jefa de gabinete y las medidas adoptadas sugieren que podrían tener un trasfondo político más amplio.
