El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos condenó al extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Daniel Roa Burgos a 8 años de prisión por hechos de corrupción y lavado de dinero. La resolución, adoptada por unanimidad, también alcanzó al empresario Alberto Koube Ayala, quien fue sentenciado a 6 años de pena privativa de libertad.
Según la investigación, el exfuncionario público utilizó su cargo para direccionar licitaciones a favor del empresario, obteniendo beneficios personales. Esta maniobra generó un daño patrimonial de Gs. 805.000.000 al Estado paraguayo.
Roa Burgos fue hallado culpable de cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y lavado de activos. Por su parte, Koube Ayala fue condenado por cohecho, lesión de confianza, administración en provecho propio y lavado de dinero.
Ambas condenas deberán cumplirse en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, según lo dispuesto por el tribunal. No obstante, pese al fallo condenatorio, la justicia resolvió mantener por el momento la libertad ambulatoria de Roa Burgos.
Sin embargo, fueron ratificados los embargos preventivos que pesan sobre los bienes del exfuncionario. Además, se dictó la inhabilitación especial de Roa Burgos para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.
El tribunal también ordenó el comiso especial de un yate, el cual quedará bajo custodia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 30 de diciembre a las 13:00 horas.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la lucha contra la corrupción en el sector público, y la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas por sus actos. La condena a Roa Burgos y Koube Ayala envía un mensaje claro de que no se tolerará el abuso de poder y el desvío de fondos públicos.
Es fundamental que las instituciones encargadas de la investigación y el juzgamiento de delitos económicos continúen trabajando de manera efectiva y transparente para garantizar la rendición de cuentas y la recuperación de los recursos públicos desviados. Solo así se podrá avanzar en la construcción de un Estado más justo y eficiente.
