El lunes 22 de diciembre, Bolivia amaneció en pie de lucha. Miles de trabajadores, encabezados por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), se movilizaron en rechazo al Decreto Supremo 5503 aplicado por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
La medida, que elimina la subvención estatal a los hidrocarburos, fue calificada de "golpe severo" a la economía productiva y popular, desatando una crisis social que unificó en la protesta a mineros, fabriles y transportistas.
Desde tempranas horas, los manifestantes, provenientes principalmente de Potosí, convergieron en la Ceja de El Alto y marcharon hacia la sede de Gobierno en La Paz. Con cascos, dinamita y banderas, denunciaron que el fin del subsidio elevará de manera insostenible los costos de operación de un sector que depende de maquinaria pesada y transporte intensivo de minerales.
Alfredo Uño Villca, representante de Fencomin, exigió "la anulación inmediata de la normativa y la apertura de canales de diálogo genuinos con el Ejecutivo central". Desde la Cooperativa Veneros Porco, explicaron que "el incremento en el precio del diésel afecta directamente el funcionamiento de maquinaria pesada, compresoras y volquetas esenciales para el traslado de mineral".
Paralelamente, la Organización de Fabriles activó bloqueos en puntos estratégicos de Cochabamba, denunciando que el Decreto 5503 fue promulgado sin una socialización previa con las organizaciones sindicales. En el mismo departamento, el gremio del transporte libre paralizó las principales avenidas del norte de la capital, asegurando que "mantendrán los cortes de ruta hasta que la ley sea anulada definitivamente".
Los manifestantes advirtieron sobre un "efecto en cadena" que ya está encareciendo la canasta básica y los servicios. Aunque algunos sectores no se oponen en principio a una "revisión progresiva de las subvenciones", exigen que exista "una regulación estricta para evitar que el ajuste se traduzca en una crisis de costo de vida incontrolable".
La jornada de este 22 de diciembre marca un punto de inflexión y alta tensión social en Bolivia. Las calles bloqueadas y las movilizaciones masivas envían un mensaje claro de rechazo a una política considerada neoliberal y excluyente. Las delegaciones regionales han advertido que las protestas "se intensificarán en los próximos días si no se recibe una respuesta satisfactoria a sus demandas de soberanía económica". El clamor popular, unificado bajo la bandera de la COB y el grito de "Muera el gasolinazo", pone al Gobierno de Rodrigo Paz ante el desafío de rectificar o enfrentar una conflictividad creciente y una paralización que puede afectar la economía nacional.
