Estados Unidos ha intensificado su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, tras detectar un petrolero que navegaba sin bandera y sin carga en aguas internacionales frente a Venezuela, con la intención de abastecerse de crudo. La Guardia Costera estadounidense identificó que la nave, llamada Bella 1, figuraba en la lista de embarcaciones sancionadas por Washington por presuntos vínculos con Irán.
Tras solicitar una orden judicial para abordar el buque y no recibir acatamiento a las instrucciones, la Guardia Costera inició una persecución que continuaba en el mar Caribe. Este episodio se suma a otro incidente registrado el mismo sábado por la mañana y forma parte de una ofensiva iniciada el 10 de diciembre, cuando Estados Unidos confiscó el petrolero Skipper.
Esta secuencia de operativos marca una nueva fase en la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para endurecer el cerco marítimo contra el gobierno de Maduro, mediante interdicciones en rutas consideradas clave para el comercio de petróleo venezolano.
Según Reuters y Bloomberg, el buque perseguido, el Bella 1, con bandera panameña, fue sancionado desde 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro lo vincula a operaciones de transporte ilícito de petróleo destinadas, según Washington, a financiar actividades relacionadas con Irán y grupos armados en Yemen, en un contexto de creciente confrontación marítima frente a las costas venezolanas.
Trump anunció la semana pasada un "bloqueo" total a los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, en una nueva fase de presión directa contra Maduro. La medida se suma al refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región y a una ofensiva marítima que ha incluido más de dos decenas de ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, con un saldo de al menos 100 fallecidos.
Desde la Casa Blanca, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, sostuvo que los dos primeros buques incautados operaban fuera de los circuitos legales y abastecían de crudo a países bajo sanciones internacionales. Según Washington, estas acciones buscan cortar flujos financieros ilícitos y reforzar el control sobre rutas energéticas consideradas clave para la seguridad regional.
El nuevo ataque llega después de que Estados Unidos defendiera la legalidad del abordaje al petrolero Centuries interceptado el sábado en aguas próximas a Venezuela, al sostener que la operación buscó cortar fuentes de financiamiento del régimen chavista.
La portavoz adjunta Anna Kelly señaló en Twitter que la nave transportaba petróleo de PDVSA y operaba bajo una "falsa bandera" como parte de una red utilizada, según Washington, para movilizar crudo restringido. Sus declaraciones respondieron a informes de The New York Times y The Washington Post, que pusieron en duda el sustento jurídico del operativo y vincularon al buque con una empresa china dedicada al traslado de petróleo hacia refinerías asiáticas.
De acuerdo con The Washington Post, las fuerzas estadounidenses actuaron amparadas en el "derecho de visita", una norma del derecho marítimo internacional que permite inspecciones ante sospechas de actividades ilícitas, incluso sin orden judicial. Funcionarios citados por Reuters indicaron que el abordaje al Centuries forma parte de una política de presión más amplia de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro.
