Las nominaciones para los tribunales ambientales en Chile han generado controversia debido a los vínculos previos de algunos postulantes con empresas que podrían ser fiscalizadas por dichos tribunales. Entre los nombres propuestos se encuentran Vi nja Mu i Benedek y Camila Martínez Encina, cuyos antecedentes han suscitado dudas sobre la transparencia del sistema judicial ambiental.
Vi nja Mu i Benedek, bioquímica con más de 15 años de experiencia, ha sido nominada para el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Actualmente, ocupa el cargo de gerenta de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Volta, una empresa que ha enfrentado múltiples sanciones por infracciones ambientales. Entre los incidentes de Volta se encuentran un derrame de residuos industriales líquidos, problemas por olores insoportables y el incumplimiento de requisitos de monitoreo de aguas subterráneas. Estos antecedentes han generado cuestionamientos sobre su idoneidad para integrar el tribunal que deberá juzgar casos similares.
Por otro lado, Camila Martínez Encina fue propuesta como ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Abogada con una vasta trayectoria en el sector público y privado, Martínez ha defendido a empresas como Minera Montecarmelo, que enfrentó sanciones y la revocación de su permiso ambiental. Su carrera ha estado fuertemente vinculada a la defensa de proyectos mineros, energéticos y rellenos sanitarios, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre su imparcialidad para juzgar casos relacionados con los sectores que ha defendido.
A pesar de los cuestionamientos, algunos senadores han afirmado que ambas candidatas cumplen con los requisitos formales para los cargos. Sin embargo, otros han recordado que el pronunciamiento de la comisión no es vinculante y que se requerirá un alto quórum para ratificar los nombramientos en la Sala del Senado.
La urgencia por llenar vacantes en los tribunales ambientales, algunos de los cuales han estado vacíos durante más de 1.500 días, sigue siendo un factor clave. No obstante, la pregunta persiste: ¿la necesidad de cubrir estos puestos justifica la selección de candidatos con conflictos de intereses evidentes? Esta situación pone de relieve las dificultades de separar los intereses privados de la función pública, particularmente en tribunales encargados de resolver conflictos ambientales de alto impacto.
El Senado tendrá la última palabra sobre la ratificación de estas nominaciones. La discusión sobre los posibles conflictos de intereses continuará siendo un tema central en la evaluación de los futuros jueces ambientales, y su resolución tendrá un impacto significativo en la confianza pública en la justicia ambiental del país.
