El gobierno cubano ha intensificado una campaña de inspecciones y cierres de establecimientos en la provincia de Guantánamo, como parte de lo que denomina un "enfrentamiento a los precios abusivos" para garantizar el cumplimiento de las normativas comerciales.
Según informes del periódico estatal Venceremos, las autoridades realizaron alrededor de 1.000 inspecciones que detectaron cerca de 782 violaciones, lo que resultó en el cierre de 12 establecimientos, la imposición de 775 multas y 45 ventas forzosas.
Entre las principales infracciones encontradas se encuentran la falta de códigos QR, incumplimiento en la frecuencia de depósitos bancarios, pizarras informativas desactualizadas, alteración de precios en productos regulados y cobro de tarifas superiores a las aprobadas en el transporte de pasajeros.
La campaña forma parte de los esfuerzos del régimen por mantener el control de los precios en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba. Desde 2024, el gobierno ha reactivado intermitentemente las medidas de tope de precios, especialmente sobre productos de primera necesidad.
Sin embargo, la situación en Guantánamo refleja la profundidad de la crisis en la isla. Los cubanos siguen enfrentando desafíos como la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional y la creciente dolarización de la economía, lo que los obliga a depender cada vez más del mercado informal para obtener los recursos necesarios.
A pesar de los esfuerzos del régimen por controlar los precios, la incertidumbre económica y la falta de acceso a divisas extranjeras mantienen a la población cubana en una situación de vulnerabilidad y dependencia de los canales informales de abastecimiento.
