El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas anticipadas en Extremadura, pero con un resultado muy distinto al que apuntaban los sondeos a pie de urna y con un escenario de gobernabilidad mucho más complejo de lo previsto. Con el 99,38% del voto escrutado, el PP obtiene 29 escaños y el 38,78% de los sufragios, solo uno más que en las elecciones de 2023, lo que le permite seguir siendo la primera fuerza, pero le obliga a negociar para garantizar la investidura de su candidata, María Guardiola.
El resultado deja un Parlamento extremeño fragmentado y sin mayorías claras. El PSOE se sitúa como segunda fuerza con 18 escaños, Vox logra 11 diputados y Podemos obtiene 7. La mayoría absoluta se fija en 33 escaños, de modo que el PP se queda a cuatro de alcanzarla y depende de la posición que adopte Vox en la sesión de investidura.
Si bien el PP ha ganado un escaño, ha perdido casi 10.900 votos en comparación con las elecciones de 2023. Esta paradoja se explica por el reparto territorial del voto y la fragmentación del resto del arco parlamentario, pero introduce un matiz significativo en el balance del adelanto electoral impulsado por la presidenta.
En términos políticos, este dato refuerza la idea de una victoria insuficiente para cumplir el objetivo central de la convocatoria anticipada. El PP mantiene el control institucional de la Junta y conserva la iniciativa parlamentaria, pero lo hace con una base electoral algo más estrecha que hace dos años. El aumento porcentual y el escaño adicional no compensan, en términos absolutos, la pérdida de apoyos en las urnas, lo que limita la lectura triunfalista del resultado.
Pese a ser la vencedora de las elecciones, María Guardiola compareció públicamente para valorar los resultados antes que Vox, rompiendo así la norma no escrita de la noche electoral según la cual el ganador suele ser el último en intervenir. La formación que lidera Santiago Abascal obligó de facto a la presidenta a adelantar su comparecencia.
En su discurso, Guardiola evitó cualquier referencia explícita a la mayoría absoluta no alcanzada y a la dependencia parlamentaria de Vox. "Hemos recibido muchísima confianza por parte de los extremeños. Vamos a seguir liderando el cambio. Hay un claro ganador de las elecciones y es el PP. Tenemos la confianza para afrontar los cambios", añadió, antes de anunciar que "a partir de mañana voy a iniciar una ronda de contactos políticos".
Con este reparto de escaños, el PP no dispone de una vía alternativa para la investidura que no pase por Vox. La opción de un Gobierno en solitario apoyado en abstenciones cruzadas se considera inviable, tanto por la suma numérica como por la dinámica política de la Cámara. El Partido Popular se ve así obligado a explorar dos escenarios: un acuerdo de gobierno con Vox o una abstención de este grupo que permita la reelección de María Guardiola sin integrar a la formación en el Ejecutivo.
La segunda posibilidad aparece, a estas horas, como la menos probable. Vox ha reforzado su presencia parlamentaria y ha mejorado sus resultados respecto a la anterior legislatura, lo que endurece su posición negociadora. Con 11 escaños, la formación se convierte en un actor imprescindible y con capacidad para condicionar no solo la investidura, sino también la orientación política del futuro Gobierno. En este contexto, resulta difícil pensar que se conforme con un papel secundario o con acuerdos puntuales desde fuera del Ejecutivo.
Para el PP, un pacto con Vox garantiza estabilidad numérica y margen para gobernar, pero también implica asumir una dependencia política que Guardiola trató de evitar durante la campaña. El discurso electoral de los populares se centró en la estabilidad institucional, el desbloqueo de la legislatura y la necesidad de evitar parálisis, sin hacer de la relación con Vox el eje central del debate. El resultado devuelve ahora esa cuestión al primer plano.
