Cuatro días después de la promulgación del Decreto Supremo 5503, el Gobierno boliviano asegura avances en acuerdos con sectores sociales y productivos, mientras mantiene un diálogo con el transporte urbano y trabaja en la reestructuración del Estado.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, brindó detalles sobre los efectos del decreto, las medidas económicas, la reestructuración del Estado y las acciones frente a hechos de corrupción en empresas públicas.
Justiniano explicó que tras la promulgación del decreto, el Ejecutivo desplegó a sus autoridades a los nueve departamentos para dialogar directamente con los sectores involucrados. "Se ha hablado con todos los sectores, sin embargo, hay sectores que han logrado entender de que esta realidad se debe asumir", señaló, resaltando que las medidas buscan evitar la especulación y el aprovechamiento económico en perjuicio de la población.
Sobre la situación estructural que motivó el decreto, el ministro indicó que la norma responde a un contexto crítico del país: "El país está en un estado crítico y no tenemos posibilidad de dar marcha atrás".
Respecto a los anuncios de paro y protestas del transporte urbano, Justiniano expresó su confianza en lograr acuerdos: "Soy un firme creyente que sí, se puede y sí se va a poder", asegurando que existen transportistas conscientes de que el trabajo debe generar una ganancia razonable sin derivar en especulación.
Uno de los puntos centrales del diálogo es la estructura de costos, en particular por el tipo de combustible utilizado. Justiniano detalló que en los vehículos a diésel, el combustible puede representar entre el 30% y el 40% de los costos, mientras que en promedio general la incidencia se sitúa entre 20% y 28%. "Por eso es de que se había planteado que en promedio se podía y se tenía que llegar lo más cercano a 3 bolivianos (por litro)", precisó.
En cuanto a las medidas de apoyo del Gobierno central, se promueve la importación con IVA cero de repuestos, llantas, aceites y motores para acompañar la transición energética. "Sabemos de que va a tener un impacto que no es inmediato", afirmó.
Justiniano también confirmó la reducción significativa del aparato estatal, comenzando por los ministerios. "El objetivo fue clarísimo del Presidente: mínimo se reduce un 30% de los funcionarios", afirmó, precisando que en su ministerio la reducción alcanzó el 44%. "Más de 200 personas han tenido que retirarse", detalló, explicando que la decisión respondió a criterios de eficiencia y eliminación de duplicidades.
Además, se alcanzaron consensos con el sector productivo del norte integrado, basados en tres ejes: eliminar corrupción, extorsión y trabas. "Cuando uno se basa sobre esos tres ejes, encuentra dónde están la mayor parte de los problemas", afirmó Justiniano.
El ministro aseguró que se identificaron múltiples niveles de corrupción en empresas estatales y que se realiza un trabajo jurídico previo a cualquier decisión estructural. "No es una decisión simple, es una ingeniería jurídica", explicó.
Justiniano reiteró que el decreto responde a un contexto crítico heredado y que las medidas buscan proteger a la población y sentar bases para el futuro. "Esto es el inicio, esto es la piedra inicial para poder seguir construyendo nuevos decretos, nuevas leyes, sacar todo ese aparato corrupto y también tranca", afirmó.
