La muerte del líder estudiantil y aspirante a diputado Sharif Osman Hadi ha desatado una ola de violencia y protestas en Bangladés, poniendo en riesgo la celebración de las elecciones previstas para febrero, alertaron esta semana varias organizaciones internacionales.
Hadi, portavoz de la plataforma Inqilab Mancha y figura central del levantamiento que forzó el cambio de gobierno en 2024, murió a consecuencia de las heridas sufridas en un atentado con arma de fuego el pasado 12 de diciembre en el centro de Daca.
El asesinato del líder estudiantil ha reavivado un sentimiento antiindio en las calles de Bangladés, después de que Daca acusara a Nueva Delhi de albergar a la ex primera ministra Sheikh Hasina en el exilio y permitirle realizar llamamientos para desestabilizar el país antes de las elecciones, acusaciones que la India ha negado.
La escalada de violencia se desató la noche del jueves tras confirmarse el fallecimiento de Hadi, con grupos de manifestantes asaltando en la capital las sedes de los diarios Prothom Alo y The Daily Star, a los que acusan de mantener una postura favorable a la India. Los ataques provocaron incendios y destrozos materiales que forzaron la intervención de los servicios de emergencia y motivaron un apagón mediático.
La hostilidad hacia la India, alimentada por la retórica del fallecido Hadi sobre la "hegemonía india", ha forzado también el cierre de sedes diplomáticas: los Centros de Aplicación de Visas de la India (IVAC) han confirmado la clausura indefinida de sus instalaciones en Rajshahi y Khulna.
Ante esta situación, varias organizaciones internacionales han condenado la violencia y pidieron a las autoridades de Bangladés que tomen medidas urgentes para prevenir más ataques y garantizar condiciones para unas elecciones libres y justas en febrero.
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el asesinato de Hadi y pidió una investigación "rápida, imparcial, exhaustiva y transparente" del crimen, subrayando la necesidad de moderación mientras el país se prepara para los comicios parlamentarios.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) exhortó a las autoridades a prevenir los ataques de turbas y garantizar la libertad de expresión, calificando el asesinato del líder juvenil como "un acto terrible". Amnistía Internacional, a su vez, condenó la violencia de turbas y pidió que los responsables sean llevados ante la justicia.
La frágil estabilidad de Bangladés se ve amenazada por esta crisis de violencia, que pone en riesgo la celebración de unas elecciones que debían consolidar la transición democrática del país. Las autoridades deberán actuar con firmeza y apego a los derechos humanos para contener la escalada y garantizar un proceso electoral pacífico y transparente.
