La transparencia y el respeto al debido proceso serían claves para evitar la duda y la presión sobre los abogados que asumen casos emblemáticos, según expertos legales. Varios colegios de abogados del país han denunciado que se estaría buscando intimidar a los profesionales del derecho que defienden a figuras públicas procesadas.
Para Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, no es correcto que la justicia utilice herramientas judiciales para amedrentar a los juristas cuando deben hacer sus defensas. Varios abogados coinciden en que en el país se estaría presionando a los penalistas para que no se involucren en casos mediáticos.
"A nosotros nos preocupa bastante esta situación que se viene desarrollando últimamente en contra de la profesión", expresa Carlos Córdova, presidente del Colegio de Abogados de Cotopaxi. Según los expertos, se ha estigmatizado a los abogados, tachándolos de tener poca ética, cuando en realidad todos tienen derecho a ser defendidos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que el abogado no puede ser identificado con el cliente, pues es muy fácil atacar a un defensor incómodo o a una defensa eficaz para dejar al cliente indefenso. Martín Domínguez, abogado y catedrático, advierte que si el gobierno o la justicia empiezan a presionar a los abogados, se estaría viciando el procedimiento judicial.
Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, rechaza esta "judicialización de nuestra profesión", pues considera que es un grave error de los políticos perseguir a través del sistema de justicia. Fernando Vega, del Colegio de Abogados de Imbabura, dice que las órdenes de allanamiento deben estar bien motivadas y que los colegios deben respetar las diligencias de la Fiscalía.
Sin embargo, los expertos aclaran que si un abogado está involucrado en actos delictivos o de corrupción, puede ser investigado y procesado, como ocurrió en el caso Metástasis. Pero advierten que la Fiscalía no puede desigualarse ni privilegiarse para atacar a la contraparte a través del defensor.
La Federación Nacional de Abogados del Ecuador está dialogando con organizaciones para acudir a la CIDH y denunciar lo que está ocurriendo en el país. Los juristas coinciden en que la transparencia y el respeto al debido proceso son claves para evitar la duda y la presión sobre los abogados que asumen casos emblemáticos.
