El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha realizado un exhaustivo análisis de los principales desafíos que deberá afrontar Perú en el próximo año electoral. Según el estudio, el fomento de un entorno adecuado para la inversión privada, que impulse el empleo y reduzca la pobreza de forma sostenida, será clave. Asimismo, será fundamental combatir el creciente avance de las economías ilegales y la inseguridad, además de retomar un manejo fiscal responsable y asegurar la provisión de servicios públicos de calidad.
La inversión privada es el principal motor de crecimiento, y el IPE estima que esta crecería 9,6% en 2023, su mayor alza desde 2013 sin considerar el rebote post-pandemia. Sin embargo, el dinamismo de la inversión está condicionado a una menor turbulencia política e institucional, evitando los constantes cambios en las principales autoridades a cargo del manejo político y económico.
Por otro lado, las economías ilegales, como la minería ilegal, avanzan a gran escala, con graves consecuencias para el medio ambiente y el desarrollo de proyectos formales. El IPE estima que el valor del oro ilegal exportado alcanzaría, por primera vez, al de origen legal en 2025, lo cual requiere un liderazgo decidido para combatir este fenómeno.
Asimismo, la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, con el 70% de la población considerando el crimen y la violencia como una prioridad. Esto eleva los costos de seguridad para los hogares y las empresas, desalienta la inversión privada y amenaza el turismo, por lo que es clave fortalecer la policía, el sistema de justicia y aplicar estrategias integrales de prevención del delito.
Generar empleo adecuado, especialmente para los jóvenes, cuya inserción laboral se ha deteriorado desde 2022, también es una prioridad. Reintegrar a los jóvenes al mercado laboral con empleos de calidad requiere impulsar la inversión privada y un mercado laboral más competitivo.
Finalmente, la pobreza permanece aún por encima del nivel prepandemia, y reducirla de forma acelerada exige consolidar un entorno propicio para la inversión privada, clave para generar empleo formal y mayores ingresos. Además, la mejora en la provisión de servicios públicos básicos, como agua, educación y salud, es fundamental para el bienestar de la población y la competitividad regional.
En resumen, el IPE ha identificado los principales retos que deberá afrontar Perú en 2023, destacando la necesidad de fomentar la inversión privada, combatir la economía ilegal y la inseguridad, generar empleo de calidad y mejorar la provisión de servicios públicos. Estos desafíos serán clave para el desarrollo y el bienestar de la población en el próximo año electoral.
