Un proyecto de ley presentado por diputados de Chile busca endurecer las penas por denuncias falsas, especialmente en casos de violencia de género y delitos sexuales. Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación entre expertos, quienes advierten que podría desincentivar a las víctimas a denunciar y fortalecer la impunidad.
El proyecto, impulsado por los diputados Cristóbal Urruticoechea y Johannes Kaiser, con el apoyo del actor Cristián Campos, tiene como objetivo reforzar la presunción de inocencia frente a denuncias falsas. Para ello, propone eliminar el elemento del dolo (la intención deliberada de mentir) en la figura de la denuncia falsa, y aumentar las penas en casos de violencia de género y delitos sexuales.
Según la diputada que firma este análisis, este cambio en las reglas básicas del derecho penal podría tener "efectos potencialmente graves" para el acceso a la justicia. Actualmente, el Código Penal chileno sanciona las denuncias falsas, pero solo cuando existe dolo, es decir, cuando se demuestra que la persona denunció a sabiendas de que los hechos eran falsos.
El proyecto, en cambio, desplazaría el foco desde la intención de mentir hacia el resultado del proceso judicial, de modo que incluso denuncias que terminen sobreseídas o sin condena podrían ser sancionadas, aun cuando no haya pruebas de que hubo una mentira deliberada.
Esto es especialmente preocupante en casos de violencia de género y delitos sexuales, donde la prueba suele ser escasa y la dependencia económica de las víctimas es alta. Según estudios citados, solo el 22% de las mujeres que sufren violencia de pareja llegan a denunciar, y el 69% de las víctimas de femicidio nunca había denunciado previamente.
La autora del análisis advierte que este diseño "desincentiva la denuncia" y "fortalece la impunidad", al enviar un mensaje claro a las víctimas: denunciar sin lograr probar puede tener como consecuencia la cárcel. Esto, a su juicio, implica un retroceso en principios básicos del derecho penal, como el de culpabilidad.
En resumen, si bien el objetivo declarado del proyecto es reforzar la presunción de inocencia, expertos advierten que, en la práctica, podría tener el efecto contrario, al desincentivar las denuncias y dificultar aún más el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género y delitos sexuales.
