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Proyecto de Ley de Reproducción Asistida enfrenta críticas por vacíos y falta de transparencia

Proyecto de Ley de Reproducción Asistida enfrenta críticas por vacíos y falta de transparencia

El proyecto de Ley Orgánica de Reproducción Humana Asistida, que busca regular integralmente las técnicas de fertilidad en Ecuador, enfrenta cuestionamientos de la sociedad civil por sus vacíos y la falta de transparencia del sector.

La propuesta, que nació en la Corte Constitucional, ya fue aprobada en primer debate en la Comisión de Salud de la Asamblea. Sin embargo, organizaciones como Dignidad y Derecho advierten que el texto "romantiza la infertilidad" y promueve un modelo centrado en el mercado, en lugar de priorizar los derechos de los involucrados.

Uno de los principales reparos es que el proyecto no aborda adecuadamente los riesgos éticos y de salud asociados a técnicas como la fecundación in vitro. Estudios revelan que estos procedimientos aumentan significativamente las probabilidades de malformaciones congénitas, prematuridad, convulsiones neonatales e incluso cánceres infantiles.

Además, se cuestiona que la ley priorice el anonimato de los donantes de gametos sobre el derecho a la identidad de los niños concebidos. Según Dignidad y Derecho, esto vulnera la Constitución, que garantiza la vida desde la concepción.

Por otra parte, la falta de información oficial sobre el número de tratamientos realizados, las estadísticas de fertilidad y los mecanismos de fiscalización genera dudas sobre la capacidad del Estado para aplicar la normativa y transparentar un sector que opera con escasa vigilancia pública.

Pese a estos cuestionamientos, el Gobierno defiende que la ley busca "garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva" y que incorpora principios de derechos humanos. Además, se prevé la creación de subcomités de reproducción asistida en los centros autorizados para supervisar los procedimientos.

El debate en torno a este proyecto refleja la complejidad de regular un ámbito que involucra aspectos científicos, éticos y sociales. Expertos coinciden en que se requiere un enfoque integral que priorice los derechos de todas las partes, especialmente de los niños, y que asegure la transparencia y la rendición de cuentas en este sensible sector.

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