La bancada de Alianza Democrática Nacional (ADN) dio por cerrado el caso Progen en la Asamblea Nacional, evitando determinar responsabilidades políticas en el pago de $107,3 millones a la empresa estadounidense Progen, pese a que esta no generó ni un kilovatio de energía eléctrica.
Luego de seis meses de investigación en la Comisión de Transparencia, liderada por la oficialista Diana Jácome, el informe final presentado y aprobado por la mayoría de ADN concluyó que "no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas" en los contratos con Progen.
Esta decisión se produjo a pesar de que el exministro de Energía, Roberto Luque, y la actual ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, tuvieron un rol clave en la suscripción e implementación de esos contratos durante la crisis energética que atravesó el país en 2024. Ninguno de ellos fue convocado a comparecer ante la comisión.
"El camino para eximir de culpas a ambos perfiles fuertes del gabinete del presidente Daniel Noboa tomó seis meses", señala el texto. La maniobra fue política, pues la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, ya había iniciado la fiscalización y apuntaba a convocar a los ministros del ramo.
El asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano, cuestionó el informe al señalar que sí hay "responsabilidad política" en el caso Progen. Además, denunció que durante las comparecencias no se convocó a Manzano ni a Luque para que respondan sobre su rol.
Según el experto en Derecho Esteban Ron, existe la posibilidad de un juicio político, pero esa solicitud tendría que atravesar dos instancias controladas por ADN: el Consejo de Administración Legislativa y la Comisión de Fiscalización.
