Una investigación exhaustiva revela que al menos 20 instituciones del Estado dominicano fallaron de forma simultánea, permitiendo que en el Sistema Nacional de Salud (SeNaSa) se consolidara un esquema de corrupción de gran escala. No se trató de errores aislados ni de omisiones técnicas, sino de un fallo sistémico, donde reguladores, órganos de control y fiscalizadores políticos no actuaron cuando debían, creando un entorno propicio para el desvío masivo de fondos públicos.
Estas instituciones, por mandato legal y responsabilidad funcional, debían activar alertas o intervenir oportunamente. Sin embargo, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), entre otras, fallaron en su deber de prevenir, detectar y corregir las irregularidades.
Según el expediente, ni siquiera se respetaron los planes misionales de cada institución, lo que revela un colapso generalizado del deber público. Pagos per cápita inflados, ruptura del balance entre prestadores públicos y privados, cancelación de esquemas más eficientes y un constante drenaje de recursos públicos se sostuvieron durante años, sin que los órganos rectores y de control actuaran.
La falla no se limitó a lo que permitieron, sino al momento en que decidieron intervenir. En muchos casos, la acción llegó cuando el daño ya estaba consumado, confirmando que el sistema de controles operó de forma reactiva y tardía, en lugar de prevenir oportunamente el colapso.
Expertos señalan que era un entramado muy bien diseñado, con la complicidad de todas las instituciones que debían velar por el bienestar y buen funcionamiento del sistema de salud. Lamentan que los presos sean muy pocos en comparación con la magnitud del esquema de corrupción descubierto.
