El escándalo de la descentralización paralela, uno de los episodios de corrupción más sonados del gobierno del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024), sigue generando efectos concretos en la administración pública de Panamá.
Autoridades de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) han presentado 300 denuncias ante el Ministerio Público para que se investigue el destino de $214,591,550 transferidos a juntas comunales y municipios, fondos que fueron distribuidos de manera discrecional a feudos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados.
Las denuncias apuntan a posibles irregularidades en el uso de estos fondos públicos, entre ellas proyectos sin sustento técnico, obras inconclusas o inexistentes y transferencias aprobadas sin controles previos suficientes. Según un informe de la AND, la institución envió 663 solicitudes de información a municipios y juntas comunales para conocer en qué se invirtieron los fondos, de las cuales 627 fueron atendidas, mientras que 36 permanecen sin respuesta.
No obstante, la AND ha seguido funcionando con sus programas. Entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, se ejecutaron 4,719 proyectos con una inversión acumulada de $130,368,724, casi la mitad de ellos en el sector vial.
Desde agosto de 2024, la AND transfirió $186,694,320 a municipios y juntas comunales en todo el país, provenientes de diferentes programas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm).
Dentro de las investigaciones en curso, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo análisis a varias juntas comunales que recibieron montos significativos de la AND, entre ellas la Junta Comunal de Belisario Porras, de San Miguelito, a la que se transfirieron alrededor de $8 millones, y la Junta Comunal de Barrio Norte, en Colón, que recibió más de $14.1 millones durante los años 2021, 2022 y 2023 a través de la descentralización paralela, sin justificaciones ni documentos que acrediten la transparencia y el correcto uso de esos fondos públicos.
El escándalo ha salpicado a varios representantes y exrepresentantes de corregimiento, así como a extesoreros municipales y otros funcionarios clave de gobiernos locales, a quienes se les han formulado cargos por la supuesta comisión del delito de peculado.
