Seis países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Paraguay y Panamá, suscribieron una declaración conjunta en la que exigen al Gobierno de Venezuela "restablecer el orden democrático" y respetar los derechos humanos en el país. La iniciativa, que no contó con el respaldo de Brasil y Uruguay, se dio al margen de la cumbre semestral del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Brasil.
La declaración fue firmada por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá, José Raúl Mulino, así como por autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú. En el texto, los países expresaron su "profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela" y exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato a todos los ciudadanos "privados arbitrariamente" de su libertad.
Según fuentes gubernamentales, la declaración fue debatida durante la cumbre del Mercosur, pero Brasil y Uruguay, los dos miembros del bloque con Gobiernos de tendencia progresista, no la suscribieron. De acuerdo con medios locales, Brasil estaba abierto a incluir una mención a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero también quería expresar preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en la región, algo que no logró consenso.
Durante la cumbre, el presidente argentino, Javier Milei, saludó la presión militar de Estados Unidos contra Caracas, dirigida a "liberar el pueblo venezolano", e instó a sus socios en el Mercosur a hacer lo mismo. En sentido opuesto, el anfitrión, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.
La declaración firmada por los seis países no hace ninguna alusión a Estados Unidos ni al despliegue militar que está realizando ese país contra Venezuela, y es más moderada que la postura defendida por Milei durante la cumbre. Los firmantes se limitaron a pedir "por medios pacíficos" el "reestablecimiento del orden democrático" y el "respeto irrestricto a los derechos humanos" en el país caribeño.
