La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha elegido a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una sesión que contó con la participación de 125 diputados y 26 senadores. La nómina de los nuevos vocales combina experiencia en el ámbito jurídico, electoral y administrativo, con perfiles provenientes de distintas regiones del país.
Entre los nuevos vocales se encuentra el abogado constitucionalista y analista político que fuera titular del Ministerio de Justicia en 2002 a los 29 años, quien registró la calificación más alta en la fase de revisión de méritos del actual proceso de selección. Su trayectoria incluye además su desempeño como asambleísta en la Asamblea Constituyente, sumando experiencia en la reforma del Estado boliviano a su perfil técnico.
Otra de las nuevas vocales es una mujer nacida en Cochabamba en 1976, con grado académico de Ph.D. (Doctora), cuyo expediente no consigna mayores detalles sobre su trayectoria profesional.
También fue elegido un vocal nacido en La Paz en 1974, que se autoidentifica como Indígena Originario Campesino Aymara. Posee título profesional en provisión nacional y formación especializada en Derecho Constitucional, Administrativo, Derechos Humanos, Electoral, Registral y Notarial. Su experiencia profesional supera los cinco años exigidos por ley y se desarrolló en funciones jurídicas y administrativas relacionadas con el cargo.
Otra de las nuevas vocales es una abogada y magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, que fue autoridad originaria con el cargo de kuraj mama t'alla de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP). Su perfil combina formación jurídica con experiencia en representación orgánica indígena.
Por último, la vocal más votada del proceso nació en Tarija en 1960 y cuenta con título profesional y formación en Derecho Constitucional, Administrativo, Derechos Humanos, Electoral, Registral y Notarial.
Con estas designaciones, los nuevos vocales del TSE asumirán responsabilidades clave en la gestión y supervisión de los registros y procesos electorales, aportando su experiencia al funcionamiento institucional del órgano encargado de garantizar la transparencia electoral en Bolivia.
