El Gobierno de Bolivia enfrenta críticas por la eliminación del subsidio a los carburantes sin implementar medidas compensatorias adecuadas para proteger a los sectores más vulnerables de la población. Según expertos, la decisión incurre en una regresividad en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y viola el principio de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación.
El déficit fiscal generado por el subsidio a los combustibles es insostenible a nivel macroeconómico, reconocen los analistas. Sin embargo, advierten que su eliminación debe ser gradual y acompañada de garantías sociales compensatorias, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo.
"La estabilización macroeconómica debe armonizarse con la estabilidad social para evitar perpetuar patrones de pobreza, desigualdad y discriminación", señala el análisis. Las medidas compensatorias anunciadas por el Gobierno, como ajustes tributarios y aduaneros, tienen un alcance limitado y no logran mitigar el impacto en los sectores más desfavorecidos.
La eliminación del subsidio afectará directamente los derechos a la vida digna, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación de la población en situación de pobreza. Tampoco se han considerado los efectos diferenciados en la economía del cuidado y las mujeres, ni en las diversidades sexo-genéricas y los pueblos indígenas.
Desde una perspectiva constitucional, los expertos señalan que el Gobierno debería haber buscado espacios democráticos de debate en la Asamblea Legislativa para definir las medidas compensatorias, en lugar de asumir unilateralmente una decisión macroeconómica con profundos impactos sociales.
"Lamentablemente en Bolivia, las grandes medidas macroeconómicas se han adoptado sin un espacio de debate democrático, lo que evidencia la cultura política hiperpresidencialista que se debe superar", concluye el análisis.
