La Alianza Aliadas, que reúne a asociaciones y gremios económicos de Colombia, ha enviado una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, expresando su preocupación por la eventual declaratoria de emergencia económica que planea hacer el Gobierno nacional en los próximos días.
En la carta, la alianza solicita respetuosamente que, en caso de expedirse el decreto declaratorio, se priorice su trámite de control automático por parte de la Corte, incluso durante el receso judicial que inició el 20 de diciembre y finalizará el 10 de enero. Según la asociación, las "circunstancias especiales" ameritan que la Corte sesione de manera excepcional durante este periodo.
La Alianza Aliadas argumenta que la situación fiscal del país, si bien es seria, es de carácter estructural y previsible, y no un "hecho sobreviniente y excepcional" que justifique la declaratoria de emergencia económica. Según el documento, la no aprobación de una ley de financiamiento o de una reforma tributaria en el Congreso no constituye un choque extraordinario, sino un resultado propio de la democracia deliberativa.
Además, la asociación considera que plantear el escenario como "ley o abismo" configura un "falso dilema", pues la Constitución exige un juicio técnico y jurídico, no decisiones por presión. La alianza también destaca que la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los estados de excepción son reglados, excepcionales y limitados, y no pueden emplearse para resolver problemas crónicos o estructurales.
En cuanto al contenido del borrador del decreto que se ha conocido, la Alianza Aliadas expresa su preocupación por medidas de alcance general y efecto inmediato, como la ampliación del impuesto al patrimonio, el incremento temporal del Gravamen a los Movimientos Financieros para 2026, el IVA del 19% sobre depósitos en juegos de suerte y azar operados por internet, ajustes en impuestos al consumo y un impuesto temporal sobre la primera venta o exportación de hidrocarburos y carbón. Según la asociación, estas disposiciones podrían traducirse en presiones significativas sobre la liquidez, mayores costos de transacción, incremento de la incertidumbre regulatoria y afectaciones sobre competitividad e inversión, con impactos potenciales sobre el crecimiento y el empleo formal.
En resumen, los gremios económicos de Colombia han solicitado a la Corte Constitucional que priorice el trámite de control automático de la eventual declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno, incluso durante el receso judicial, y han expresado su preocupación por el contenido del borrador del decreto, el cual podría tener importantes consecuencias negativas para la economía del país.
