El Gobierno boliviano anunció el lanzamiento de un nuevo bono anual de 450 bolivianos, denominado "Bono PEPE", que beneficiará a grupos vulnerables de la población, como receptores de la Renta Dignidad, personas con discapacidad y mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy de Padilla.
Esta medida se da en paralelo a la polémica eliminación de la subvención a los combustibles, una decisión que ha generado fuertes críticas y protestas en el país. El Decreto Supremo 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz, establece los detalles de este nuevo apoyo económico.
"El Bono PEPE de 450 bolivianos busca brindar asistencia a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que se han visto afectados por los cambios en la política económica", explicó el mandatario en su anuncio. "Es importante acompañar estas medidas con un respaldo directo a quienes más lo necesitan".
Según las autoridades, el nuevo bono beneficiará a aproximadamente 1.2 millones de personas en todo el país. Serán elegibles los receptores de la Renta Dignidad, un programa de transferencias monetarias a adultos mayores, así como personas con discapacidad y mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy, un apoyo a la maternidad y la primera infancia.
"Este bono representa un esfuerzo del Gobierno por mitigar los impactos de la eliminación de los subsidios a los combustibles, que sin duda han afectado el bolsillo de muchas familias bolivianas", comentó la ministra de Desarrollo Social, María Luisa Ramos. "Estamos comprometidos en proteger a los más vulnerables durante este proceso de ajuste económico".
El Bono PEPE se sumará a otros programas sociales existentes en Bolivia, como la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, buscando fortalecer la red de protección social para los sectores más necesitados. Las autoridades han indicado que el pago se realizará de manera anual, en una sola exhibición.
Si bien la eliminación de los subsidios a los combustibles ha generado polémica, el Gobierno espera que el Bono PEPE pueda brindar un alivio económico a las familias más afectadas por esta medida. Será clave monitorear el impacto de ambas decisiones en el bienestar de la población boliviana en los próximos meses.
