La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó que 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos pero figuran activos en la percepción de la asistencia. Esta irregularidad salió a la luz en el marco de una auditoría realizada tras la polémica salida de su ex titular, Diego Spagnuolo.
Según informó una importante fuente gubernamental a Infobae, el hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y revela un grave fraude al Estado. El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, autorizó las bajas de los certificados observados y el Gobierno analiza la posibilidad de judicializar tanto a los beneficiarios como a los prestadores involucrados.
"Es lisa y llanamente una estafa al Estado", precisó una voz al tanto de las maniobras, quien agregó que se cotejarán los datos de los fallecidos con los prestadores para avanzar legalmente contra ellos.
El CUD es el documento gratuito que certifica la discapacidad y habilita a acceder a prestaciones del Estado. Su otorgamiento está a cargo de una Junta Interdisciplinaria que realiza una evaluación para determinar si corresponde la emisión del certificado.
La auditoría de la ANDIS también reveló otras irregularidades, como un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Esto llevó al Gobierno a evaluar quitarle la autonomía a la agencia y que pase a depender de la cartera de Salud, aunque finalmente no se concretó.
Las críticas contra el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, abundan en el Gobierno. Algunos aseguran que rara vez reportaba los movimientos del área, alegando hablar directamente con el presidente Javier Milei, y lo acusan de "fabular" y mentir en reiteradas ocasiones.
La administración libertaria intentó avanzar en la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero finalmente no lo logró debido a la resistencia de la oposición y varios gobernadores aliados en la Cámara de Diputados. Ahora, el Gobierno trabaja en una contrapropuesta para introducir modificaciones a la ley.
