El juez Carlos Serrano Lucero, quien falló en un caso de lavado de activos, ha sido presionado y desprotegido por el Gobierno, según una denuncia pública. Enfrenta amenazas de la criminalidad organizada, incluido un "gesto mafioso equivalente a una sentencia de muerte", pero el Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, le ha retirado su seguridad policial a pesar de sus pedidos.
Esta situación, que recuerda al caso "Metástasis", ha generado indignación y rechazo en la opinión pública. Expertos advierten que el Gobierno podría estar "perdiendo el tablero" en su lucha contra el crimen organizado si no toma medidas urgentes para proteger a los jueces que enfrentan a la narcopolítica.
El presidente Guillermo Lasso ha reconocido que combatir al crimen organizado requiere de "medidas extremas y pragmáticas", y ha dado señales positivas, como la incautación de $300 millones a los Comandos de la Frontera. Sin embargo, los hechos en torno al juez Serrano ponen en duda la voluntad del Gobierno de respaldar a quienes se enfrentan a la corrupción y la criminalidad.
Analistas señalan que el "único aliado de largo plazo del presidente es el pueblo ecuatoriano", y que este solo seguirá apoyándolo si recibe "señales claras" de que su Gobierno está dispuesto a proteger a los jueces que combaten a la narcopolítica, sin ceder ante presiones de la delincuencia organizada.
El caso del juez Serrano es una "gota más en un vaso que hace rato está derramado", advierten, y el Gobierno debe actuar con urgencia para recuperar la confianza de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y el crimen.
