El escrutinio especial de más de 1,600 actas electorales con inconsistencias en Honduras entra en una fase decisiva, mientras el país espera con expectativa y preocupación que el proceso se complete dentro del plazo legal. Expertos advierten que, más allá de los desafíos técnicos, el avance del escrutinio depende en gran medida de la voluntad política de los partidos involucrados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó el recuento extraordinario de 1,634 actas de un total de 2,792 detectadas con errores durante el conteo preliminar de las elecciones presidenciales. Este proceso podría inclinar definitivamente la balanza sobre quién asumirá la presidencia del país, en un ambiente marcado por la tensión política y la vigilancia ciudadana.
Aunque el escrutinio especial se reactivó con retraso, especialistas en materia electoral coinciden en que aún es posible concluirlo dentro del plazo legal, que vence el 30 de diciembre. Sin embargo, advierten que el problema no es la falta de días en el calendario, sino el manejo que se dio al proceso.
"Esto debió haberse comenzado hace unos días, pero esperamos, por el bien de Honduras, que las cosas se hagan con transparencia, que se hagan con diligencia y que al final podamos tener una resolución para este entuerto electoral", expresó el politólogo Aníbal Cálix.
Los expertos señalan que, bajo la referencia de las elecciones primarias, donde se sometieron más de 20 actas a escrutinio especial y todo el procedimiento concluyó en menos de 12 días, el volumen actual, aunque mayor, sigue siendo manejable si se trabaja con eficiencia. Sin embargo, advierten que el avance del escrutinio no depende únicamente de la estructura técnica del CNE, sino del compromiso operativo de las fuerzas políticas involucradas.
"Tiempo hay, lo que se necesita es voluntad de los partidos políticos para enviar y preparar bien a su gente", coincidieron los analistas consultados.
Para el experto electoral Leonardo Pineda, el escrutinio especial está hoy más en manos de los partidos políticos que del propio órgano electoral. Son ellos quienes deben acreditar representantes capacitados y permitir que el proceso fluya sin bloqueos.
Según Pineda, si el conteo se completa en tiempo y forma, la declaratoria de resultados debería darse de manera inmediata. Pero si el proceso se traba, el país podría enfrentarse a escenarios que pondrían en tensión la voluntad expresada en las urnas.
Más allá del conteo actual, los especialistas coinciden en que este episodio vuelve a evidenciar una debilidad estructural del sistema electoral hondureño, y señalan la urgencia de una nueva ley electoral que retire a los partidos políticos del rol de "jueces" del proceso, para garantizar mayor imparcialidad, credibilidad y confianza en futuros comicios.
El tiempo existe, pero la pregunta, como advierten los expertos, es si también existirá la voluntad política necesaria para cerrar este capítulo sin dejar más heridas abiertas en la democracia hondureña.
