La Fiscalía Occidente logró completar la investigación de una compleja red de corrupción que operaba al interior del sistema penitenciario chileno. Este viernes se llevará a cabo una audiencia histórica donde 70 imputados enfrentarán cargos por delitos como el ingreso de drogas y teléfonos celulares a las cárceles, y la entrega de beneficios carcelarios a cambio de pagos.
El operativo que mantuvo en vilo a Gendarmería durante semanas finalmente entró en su fase decisiva. Durante la tarde del jueves se confirmó que los últimos tres gendarmes con órdenes de detención pendientes se entregaron a la justicia, cerrando definitivamente el cerco policial de la denominada "Operación Apocalipsis".
Con esta acción, la Fiscalía logró completar la nómina total de imputados vinculados a la red criminal desarticulada. Se trata de un hecho poco habitual en el sistema judicial chileno, tanto por la cantidad de personas involucradas como por la naturaleza de los delitos investigados.
Según confirmó la Fiscalía Occidente, 70 imputados enfrentarán a la justicia en esta etapa procesal. La investigación apunta a una organización con roles definidos y funcionamiento sostenido en el tiempo, que habría debilitado gravemente los controles internos del sistema penitenciario.
Debido a la gravedad de los hechos y a la complejidad de la investigación, la Fiscalía determinó que la causa sea declarada "en reserva y con secreto reforzado". Esto implica que durante la audiencia no se revelarán públicamente detalles específicos de las pruebas ni la identidad de testigos protegidos.
Las autoridades buscan con estas medidas evitar filtraciones, proteger a quienes colaboran con la investigación y asegurar el éxito de la persecución penal.
La audiencia de este viernes definirá los primeros cargos y marcará un precedente en el combate a la corrupción dentro de instituciones clave del Estado. La magnitud del caso obligó a una coordinación especial entre el Ministerio Público, el tribunal y las policías, debido al alto número de imputados que comparecerán simultáneamente.
Este hecho representa un importante avance en la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario chileno, y envía un mensaje claro de que este tipo de conductas ilegales no serán toleradas. La sociedad espera que este proceso judicial logre esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de manera ejemplar.
