La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump representa un cambio significativo en la política antidroga de Estados Unidos, al instruir a la Fiscalía General a reclasificar el cannabis de la Lista I a la Lista III, lo que permitirá ampliar la investigación sobre sus posibles beneficios.
Actualmente, el cannabis se considera una droga de la Lista I, lo que significa que no tiene ningún uso médico aceptado y tiene un alto potencial de abuso. Con la nueva clasificación, pasaría a estar en la misma categoría que el Tylenol con codeína, drogas con "potencial de moderado a bajo de dependencia física y psicológica".
Esta medida, muy esperada, supone el cambio más importante en la política antidroga del país en décadas. Si bien el cannabis seguirá siendo ilegal a nivel federal, su reclasificación abre la puerta a una mayor investigación sobre sus posibles beneficios y facilitará el acceso al cannabidiol (CBD) para algunos beneficiarios del programa Medicaid.
La orden también instruye a los funcionarios de la Casa Blanca a colaborar con el Congreso para permitir que ciertos estadounidenses tengan acceso al CBD, y ordena a las autoridades sanitarias desarrollar "métodos y modelos" para examinar los beneficios y riesgos reales del cannabis y el CBD.
Esta decisión llega después de que el gobierno anterior de Joe Biden también propusiera una reclasificación similar, y tras los esfuerzos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) por cambiar la normativa, que se vieron dificultados por cuestiones administrativas y legales.
Sin embargo, la medida ha encontrado resistencia entre algunos legisladores republicanos, quienes argumentan que podría normalizar el consumo de cannabis y tener un impacto negativo en la salud y la economía. Algunos senadores y representantes han enviado cartas al gobierno expresando su preocupación por los "peligros documentados" del cannabis.
A pesar de esta oposición, las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan los esfuerzos por legalizar el cannabis. Actualmente, la mayoría de los estados han aprobado el uso médico de la droga, y casi la mitad han legalizado su uso recreativo.
La orden ejecutiva de Trump representa un paso importante hacia una política más pragmática y basada en la evidencia en torno al cannabis, alejándose de las duras medidas antidroga de décadas pasadas. Sin embargo, su implementación y los debates que suscite en el Congreso serán clave para determinar el alcance real de este cambio en la política antidrogas de Estados Unidos.
