Un escándalo sacudió al sector educativo de Chiclayo luego de que salieran a la luz audios que revelarían la solicitud de contenidos íntimos por parte de un docente de Ciencias Sociales a una de sus alumnas, presuntamente a cambio de mejorar su calificación en el colegio Elvira García García. Las autoridades actuaron de inmediato y el profesor fue separado preventivamente de la institución mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo con la investigación que difundió Latina Noticias, la conversación grabada evidencia cómo el docente Carlos Vázquez Cieza, de treinta y cuatro años, habría exigido a la estudiante el envío de imágenes y videos de carácter íntimo para acceder a una nota aprobatoria. La madre de la menor, tras tomar conocimiento del hecho, presentó la denuncia ante la Policía y entregó la grabación como prueba clave. La reacción de la comunidad escolar y de la opinión pública fue de indignación, al quedar expuesto el abuso de poder en un entorno educativo.
El representante de la UGEL Chiclayo, Carlos Yampufé, confirmó la activación inmediata del protocolo de atención ante casos de violencia de connotación sexual. Este caso abrió el debate sobre la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y protección para estudiantes en todo el país.
La evidencia principal del caso es un audio en el que se escucharía la voz del docente Carlos Vázquez Cieza solicitando a la alumna la entrega de imágenes íntimas. Según el informe difundido, la frase "Envíame tu pack y te apruebo" deja en claro la propuesta del profesor, quien además insiste en que enviando ese contenido obtendría una calificación aprobatoria. La adolescente, sorprendida, grabó el intercambio en secreto y se lo mostró a su madre.
La madre de la menor presentó la denuncia formal y entregó el audio a las autoridades policiales, permitiendo que la investigación avance con celeridad. El contenido de la grabación revela la familiaridad con la que el docente intentó negociar la nota, además de la presión ejercida sobre una estudiante menor de edad. El entorno escolar, confrontado con los hechos, expresó preocupación y repudio.
El docente, quien impartía Ciencias Sociales en el colegio Elvira García García de Chiclayo, habría cometido una falta gravísima según las normas de convivencia escolares y la legislación vigente. Los testimonios recopilados y la grabación del audio forman parte de la carpeta fiscal, mientras se investiga si existen otros episodios similares en la misma institución.
La UGEL Chiclayo, ente encargado de supervisar las instituciones educativas en la jurisdicción, dispuso la separación inmediata del profesor implicado, en cumplimiento con los protocolos de atención y prevención frente a casos de violencia y abuso. El representante Carlos Yampufé explicó que la medida fue preventiva y se activó tan pronto se recibió la denuncia y la prueba correspondiente del audio.
En la institución educativa Elvira García García, se ejecutaron acciones orientadas a salvaguardar la integridad de los estudiantes. Se brindó apoyo psicológico a la alumna afectada y se comunicó a los padres sobre los procedimientos que se seguirían, enfatizando la importancia de denunciar cualquier acto irregular. Paralelamente, el área de convivencia escolar inició un proceso para destituir de forma permanente a Carlos Vázquez Cieza si se confirma la responsabilidad.
Las autoridades educativas reiteraron que en estos casos de gravedad se aplica la tolerancia cero frente a cualquier acto de violencia de índole sexual. El episodio motivó la revisión de protocolos y la capacitación adicional del personal docente sobre respeto y límites en la relación con los estudiantes. Además, la UGEL reforzó la vigilancia de otros planteles de la región para detectar y prevenir situaciones similares.
El Ministerio de Educación (Minedu) incrementó en el 2025 sus medidas de control y supervisión sobre el personal que labora en colegios públicos y privados, ordenando la separación de más de 600 trabajadores involucrados en delitos graves o sujetos a procesos judiciales en curso. Según datos oficiales, dentro de este grupo 568 corresponderían a docentes y 96 a administrativos, una acción orientada a fortalecer la seguridad en los ambientes educativos de todo el país.
La decisión de separar a 664 personas, de las cuales 603 laboraban en instituciones públicas, responde a la aplicación estricta de la normativa vigente, que contempla la separación preventiva ante investigaciones por delitos graves y la separación definitiva en casos de sentencia condenatoria firme. El delito más frecuente fue la violación de la libertad sexual, con 66 casos registrados, seguido de ilícitos como terrorismo, narcotráfico y proposiciones sexuales a menores por medios digitales.
