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Denuncias de violaciones de derechos en nueva cárcel ecuatoriana generan preocupación

Denuncias de violaciones de derechos en nueva cárcel ecuatoriana generan preocupación

La construcción de una nueva cárcel en la provincia costera de Santa Elena, Ecuador, ha generado preocupación y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de organizaciones de la sociedad civil. Mediante su cuenta en redes sociales, un funcionario compartió imágenes de los primeros internos trasladados al centro penitenciario, cuya infraestructura aún no ha sido concluida y que no ha permitido el acceso de organizaciones de derechos humanos ni de la prensa.

La cárcel, que tiene una capacidad para 800 reclusos, ya se encuentra ocupada por al least 640 internos, es decir, al 80% de su aforo. Los traslados iniciaron el 10 de noviembre, en el contexto de la campaña previa a una consulta popular y referéndum impulsados por el Ejecutivo. El propio presidente de la República, Daniel Noboa, reconoció que la infraestructura se encuentra entre un 35 y 40% de avance.

Entre los internos trasladados a la nueva prisión se encuentran miembros de organizaciones criminales como Los Choneros, Los Lobos y Sao Box, así como el exvicepresidente Jorge Glas. Analistas y la oposición han calificado este último hecho como un "show político".

Las denuncias de violaciones de derechos y tratos crueles en la nueva cárcel han llevado a que organizaciones de familiares de privados de libertad la comparen con un "campo de concentración nazi". Ante estas acusaciones, las autoridades aseguran que el centro opera bajo estrictas medidas de control y vigilancia, y que su puesta en marcha busca reducir la crisis de seguridad y el hacinamiento que ha afectado al sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos años.

Sin embargo, la falta de acceso de organizaciones de derechos humanos y de la prensa a la nueva prisión, sumado a las denuncias de familiares, genera serias preocupaciones sobre las condiciones en las que se encuentra operando este nuevo centro penitenciario. Expertos y defensores de los derechos humanos han exigido al gobierno ecuatoriano que garantice la transparencia y el respeto a los derechos de los reclusos en esta nueva cárcel.

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