Las calles de Honduras arden en una jornada histórica de protestas. Este miércoles, miles de manifestantes ocuparon las principales ciudades del país en un estallido de indignación masivo. La movilización, convocada bajo la consigna de rechazo a lo que los participantes denuncian como un fraude electoral en preparación, condena también la injerencia política del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Un elemento de alto impacto fue la presencia en las protestas de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, alineándose abiertamente con la voz de la calle. Castro ha acusado públicamente a la "oligarquía y sus socios internacionales" de orquestar un plan para dar un "golpe suave" a través de las urnas, poniendo así al gobierno en una sintonía directa con la protesta social y evidenciando una fractura institucional profunda.
El detonante de esta crisis es múltiple. Por un lado, existen acusaciones graves hacia el Tribunal Supremo Electoral y sectores del Congreso Nacional. Los manifestantes afirman que, a través de reformas opacas, nombramientos cuestionables y un manejo poco transparente del proceso, se está preparando un fraude institucional para las próximas elecciones generales, buscando socavar la voluntad popular.
Por otro lado, la figura de Donald Trump se ha erigido como un símbolo de injerencia externa. En las protestas, su imagen aparece tachada en carteles y las consignas exigen su salida de los asuntos hondureños, reflejando el temor a una repetición de la crisis postelectoral de 2017, que muchos atribuyen a influencias externas.
Este estallido no surge en el vacío. Honduras arrastra una polarización extrema desde la crisis postelectoral de 2017, que llevó a la presidencia a Juan Orlando Hernández (hoy extraditado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos) entre acusaciones masivas de fraude. La llegada al poder de Xiomara Castro en 2022, con la promesa de una "refundación" del país, no logró sanear las heridas políticas ni apaciguar las tensiones, que hoy resurgen con fuerza.
En las calles, el panorama es de tensión y efervescencia. Marchas multitudinarias avanzan hacia sedes clave como el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso Nacional, encontrándose con fuertes dispositivos de seguridad compuestos por policía militar y antimotines. En algunos puntos, el descontento se materializa en barricadas de neumáticos ardiendo, cuyas columnas de humo negro manchan el cielo de las ciudades.
El sonido ambiente lo dominan consignas combativas como "¡El pueblo unido jamás será vencido!", "Resistimos en 2009, resistimos ahora" y "Elecciones libres y transparentes". Si bien la protesta es mayoritariamente pacífica, se registran enfrentamientos aislados en los frentes más calientes, con lanzamiento de piedras por parte de algunos manifestantes y el uso de gases lacrimógenos por la policía para intentar dispersar los grupos.
La comunidad internacional observa con preocupación. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea han hecho llamados genéricos al diálogo y al respeto del orden constitucional. Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Honduras ha emitido un comunicado instando a "la calma, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de las diferencias", sin hacer mención específica a las acusaciones contra el expresidente Trump.
El futuro inmediato del país es incierto. Los organizadores de las protestas anuncian que continuarán en las calles hasta que, en sus palabras, se garanticen condiciones electorales limpias y cese la amenaza a la soberanía nacional. La capacidad del gobierno de Xiomara Castro para gestionar esta crisis interna, mientras navega las complejas presiones geopolíticas, será un test decisivo.
