El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se desmarcó este jueves de cualquier vínculo entre el gobierno panameño y el empresario Ramón Carretero, quien fue sancionado recientemente por el gobierno de Estados Unidos.
En una declaración enfática, Mulino aseguró que no existe "ni un solo contrato" entre Carretero y la administración nacional, y que no ha habido relación directa ni indirecta con su gobierno. El mandatario explicó que el señalamiento de las autoridades estadounidenses responde a criterios y procesos propios de ese país, por lo que Panamá observa el caso "con respeto y distancia institucional".
Según Mulino, de existir responsabilidades, estas deberán ser atendidas por el propio Carretero ante las autoridades competentes de Estados Unidos, particularmente el Departamento del Tesoro, sin que ello comprometa al Estado panameño. El presidente reiteró que su gobierno no tiene participación alguna en actividades relacionadas con la persona sancionada y que no desempeña un rol dentro de la economía nacional que guarde relación con programas o contratos oficiales.
La declaración de Mulino se da luego de que trascendiera que Carretero, a través de empresas en las que comparte sociedad con sus hermanos, habría acumulado desde 2013 contratos públicos por casi $800 millones en Venezuela, incluyendo la construcción de gimnasios, un centro de convenciones y el estadio de béisbol de Caracas. Además, registros de la estatal petrolera venezolana Pdvsa indican que una firma vinculada a Carretero habría comercializado cerca de 11 millones de barriles de crudo, valorados en unos $500 millones, tras la modificación de la licencia otorgada a Chevron por la administración de Donald Trump.
Carretero también sobrevivió a un accidente aéreo ocurrido en septiembre pasado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, en el que fallecieron los dos tripulantes de la aeronave. Investigaciones periodísticas han revelado además los vínculos del empresario panameño con figuras de la élite política cubana.
Ante este escenario, el presidente Mulino reiteró el compromiso de su gobierno con la transparencia y el respeto a los procesos internacionales, enfatizando que el caso de Carretero es "completamente ajeno" a la gestión pública panameña.
