En un drástico movimiento para estabilizar la economía, el Gobierno de Bolivia ha decidido eliminar los subsidios a los carburantes y fijar nuevos precios más altos. El presidente Rodrigo Paz anunció la medida como "uno de los momentos más difíciles desde el retorno a la democracia", pero aseguró que era una decisión inevitable para frenar el deterioro fiscal y garantizar el abastecimiento.
El decreto declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, lo que habilita al Ejecutivo a actuar con mayor rapidez y coordinación. Los nuevos precios de los combustibles quedan establecidos de la siguiente manera: Gasolina Especial a Bs 6,96 por litro; Diésel Oíl a Bs 9,80; Gasolina Premium a Bs 11,00; y el GLP a Bs 22,50 la garrafa, entre otros. Este esquema de precios se mantendrá fijo por seis meses.
Para contrarrestar el impacto social, el Gobierno anunció un paquete de medidas de protección, entre ellas el incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300, un aumento del 20% que regirá desde enero de 2026. Además, se aumentará la Renta Dignidad a Bs 500 y se creará un Programa Extraordinario de Protección y Equidad que entregará Bs 200 cada cuatro meses a padres, madres y tutores sin aportes contributivos.
El presidente Paz reconoció que la medida enfrentará críticas y resistencias, pero aseguró que "Bolivia no será el negocio de nadie" y que el país "tocó fondo, pero no se va a quedar ahí". Según el mandatario, el objetivo es poner fin a un "modelo de mentira, despilfarro y corrupción" que condenó al país a la escasez y al descontrol fiscal.
Mientras tanto, los sectores productivos y sindicales han expresado su rechazo a la decisión. La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a asambleas y un ampliado nacional de emergencia, mientras que el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, cuestionó el incremento unilateral del salario mínimo.
El economista Fernando Romero, por su parte, considera que las medidas eran inevitables, pero cuestiona la forma y el momento en que fueron aplicadas, advirtiendo que la principal debilidad es la ausencia de un "colchón financiero" en divisas.
En medio de la coyuntura, el Gobierno boliviano se enfrenta a un desafío crucial: lograr el equilibrio entre la estabilización económica y la protección social, en un contexto de crisis heredada y profunda desconfianza.
