Casi un mes después de que el Gobierno delegara la gestión de la crisis sanitaria a la Vicepresidencia de la República, el país sigue sin conocer las directrices concretas que sacarán al sistema de salud de una crisis caracterizada por la corrupción, el colapso hospitalario, la escasez de medicamentos e insumos básicos y una ineficiencia administrativa que condenan a los pacientes a la desatención.
Desde la Vicepresidencia se ha prometido realizar un "análisis profundo" del sistema de salud, como si la magnitud de la crisis no fuera ya evidente para la población. La realidad es que algunos de esos problemas se resolverían con acciones inmediatas y contundentes que formen parte de una hoja de ruta clara que permita resolver lo urgente: salvar vidas y devolver la dignidad a quienes acuden al sistema público en busca de atención médica.
Para un cambio real no basta con delegar responsabilidades si no hay seguimiento, transparencia y resultados verificables. El país exige saber quién manda, quién responde y, sobre todo, quién va a actuar para revertir esta realidad. No se puede permitir que la corrupción enquistada, la mala gestión y la ineficiencia administrativa sigan privando a la ciudadanía de un derecho elemental: la salud.
La crisis del sistema de salud es multifactorial y se ha venido gestando durante años, con problemas estructurales que van desde la falta de inversión y equipamiento adecuado, hasta la escasez de personal médico y la deficiente coordinación entre los diferentes niveles de atención. Estas falencias se han visto agravadas por la pandemia de COVID-19, que ha puesto al descubierto las debilidades del sistema y la urgente necesidad de una reforma integral.
Según expertos, algunas de las acciones prioritarias que debería emprender el Gobierno incluyen:
1. Inyección de recursos financieros para la adquisición de insumos, equipos y medicamentos, así como para el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria.
2. Fortalecimiento de la red de atención primaria, con el fin de descongestionar los hospitales y brindar una atención más oportuna y eficiente a la población.
3. Implementación de un plan de reactivación y retención del personal de salud, incluyendo mejoras salariales y condiciones laborales.
4. Mejora de los sistemas de información y gestión, para una mejor planificación y toma de decisiones.
5. Combate frontal a la corrupción y la malversación de fondos, a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha presentado un plan de acción concreto y la población sigue a la espera de soluciones efectivas que les devuelvan la confianza en un sistema de salud que debería ser un derecho fundamental garantizado por el Estado.
