En un claro caso de "desviación de poder", el gobierno del presidente Gabriel Boric ha modificado el reglamento que rige la operación de los casinos de juego en Chile, con el objetivo de beneficiar a aquellos operadores que han sido denunciados por prácticas de colusión y que ahora enfrentan problemas financieros para cumplir con los compromisos asumidos.
La reforma, firmada por el propio Boric y su ministro de Hacienda, Nicolás Grau, relaja los requisitos de respaldo financiero que antes se exigían a los casinos para obtener y mantener sus licencias de operación. Donde antes se pedía la presentación de boletas bancarias, capital inmovilizado y un riesgo real, ahora basta con una póliza de seguro más barata y flexible.
Este cambio normativo, presentado con un lenguaje de fomento a la competencia y reducción de barreras de entrada, tiene en realidad un efecto muy concreto: proteger a los operadores que no pudieron cumplir con las reglas anteriores, en especial al grupo Enjoy, denunciado por prácticas de colusión.
"No se fomenta la competencia, se protege al incumbente en problemas", señala el análisis, que califica esta medida como una "competencia asistida por el regulador" y un "salvataje regulatorio silencioso" del Estado hacia las empresas que incumplieron.
El artículo advierte que el mensaje que se envía al mercado es claro: "Si cumples, bien por ti. Si no cumples, espera. Si además eres grande, estratégico y coludido, el reglamento puede adaptarse a tus necesidades".
Esto, sin duda, representa un grave daño no solo económico, sino también institucional, al consolidar la idea de que en Chile la colusión y el incumplimiento de las reglas no tienen mayores consecuencias, e incluso pueden ser premiados con cambios normativos a medida.
