El gremio de abogados y profesiones afines en Guatemala desempeña un rol clave en la renovación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032, pero esta situación plantea riesgos de contaminación con dinero ilícito y compromisos externos, según advierten analistas.
La falta de un reglamento que permita fiscalizar los fondos utilizados para posicionar a los candidatos a integrar las comisiones de postulación o a ocupar cargos públicos, como las magistraturas en la Corte de Constitucionalidad, es una de las principales preocupaciones. Mientras no se cuente con estas reglas, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) confía en los criterios éticos de sus agremiados.
Durante los días 11 y 12 de diciembre, el Tribunal Electoral del CANG recibió seis planillas con los binomios para titular y suplente ante la comisión de postulación del TSE. Con poco más de dos semanas para promocionarse, los líderes gremiales, políticos y candidatos han intensificado su campaña, realizando convivios navideños y otros eventos documentados en redes sociales.
Las elecciones de primera vuelta para disputar esos escaños se celebrarán el 5 de enero, y mientras llega esa fecha, los postulantes intentan convencer a los votantes con banquetes, música y obsequios.
Una de las novedades de este proceso ha sido la conformación de alianzas gremiales que buscan evitar la dispersión del voto y consolidar simpatizantes para asegurar escaños en la postuladora del TSE. Tal es el caso de la alianza encabezada por Estuardo Gálvez y la organización vinculada a la cúpula del Ministerio Público, que promueve a César Fernando Díaz García y Ángel Antonio Rodríguez de León.
Otra alianza relevante la integran Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y presidente de la postuladora del TSE; Mynor Moto, juez investigado por el caso Comisiones Paralelas; y el magistrado constitucional Nester Vásquez. Sus candidatos forman parte de la planilla 5, que no se identificó con un nombre específico por tratarse de una "multiplataforma" conformada por más de 15 entidades gremiales.
El gasto en estas campañas genera dudas entre organizaciones sociales, que consideran que los desembolsos son exorbitantes y podrían provenir de fuentes de financiamiento dudosas. Alejandro Rodríguez, analista de Impunity Watch, advierte que la falta de vigilancia por parte del CANG abre la puerta a la influencia de grupos de dudosa procedencia, que podrían aportar fondos o apoyo logístico.
Aunque la presidenta del CANG, Patricia Gámez, reconoce que actualmente el colegio no cuenta con herramientas para vigilar el gasto electoral ni el origen de los fondos, señala que en marzo del próximo año se propondrá a la asamblea gremial la aprobación de una normativa que subsane estos vacíos legales. Sin embargo, mientras tanto, las elecciones de segundo grado donde participa el CANG seguirán sin una adecuada vigilancia financiera.
